La DGT apuesta por limitar la velocidad en las ciudades a 30 km/h

Tráfico cree que los ayuntamientos deben tener como prioridad a la hora de reducir la siniestralidad en las ciudades la que tiene como principales víctimas a los peatones y motoristas, y apuesta por extender las zonas 30, aquellas en las que se circula a 30 kilómetros por hora, hasta al 80% de las calles de las ciudades.

Es una propuesta de la DGT para reducir los accidentes en las ciudades y así lo ha planteado la directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Tráfico, Ana Ferrer, en el primer Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial, al que ha asistido el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana.

Interior, que prevé que el año 2009 se cierre con menos de 2.000 muertos en accidentes de carretera, es consciente de que el descenso de la mortalidad en las ciudades esta siendo "más lento", y de ahí la importancia de este encuentro, organizado a instancias del Senado, según ha comentado el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de un vídeo que han visionado los asistentes al Congreso.

El pasado año, sólo en las ciudades, se produjeron más de 49.000 accidentes con víctimas, en los que resultaron heridas graves 5.000 personas y 634 perdieron la vida, y el 80 % de esos fallecidos eran motoristas y peatones.

Por ello, Tráfico se va a implicar en la siniestralidad de los municipios y lo hará firmando en breve un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, que incluye una ordenanza municipal común, en la que se fija una prioridad para las ciudades: zonas de velocidad restringida a 30 kilómetros por hora, que podría afectar al 80% de las calles.

El 80% del tráfico en las ciudades se registra en un 20% de las calles, en lo que son las principales; en el resto de las vías se contabiliza un 20% movilidad y esas, según Ferrer, son las susceptibles de convertirse en zona 30, las calles de barrio, donde se producen más atropellos ya que "la gente va más relajada".

Diversos estudios demuestran, tal y como ha señalado el experto en tráfico Andrés Monzón, que la posibilidad de sobrevivir a un accidente cuando se circula a esa velocidad son muchas y las de evitar el atropello, según ha añadido Ferrer, son "muchísimas". "La calle no es para el vehículo que va transitando, sino de los ciudadanos, de los peatones, de los que andan, y ahí el vehículo tiene que saber es que es el último de la fila", ha dicho Ferrer.

Los peatones y los motociclistas, presentes también en estas jornadas, son las mayores víctimas de las ciudades, con las que Tráfico pretende consensuar planes para una viabilidad segura, para los que recibirán diversas aportaciones técnicas y económicas.

Pero antes, los ayuntamientos se tendrán que comprometer con enviar a Tráfico los datos de accidentes y de pérdida de puntos de forma automática. Los Ayuntamientos, sus representantes en materia de tráfico, se han dejado escuchar en estas jornadas con diversas propuestas, una de las cuales recibirá un premio al ser considerada como la mejor práctica urbana en seguridad vial.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete ha apostado por la promoción de cursos a la población inmigrante para reducir la siniestralidad en la carretera, mientras que el de Barcelona ha propuesto el diseño de "caminos escolares seguros" como parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos para los ciudadanos y de sensibilización para las nuevas generaciones.

La localidad asturiana de Grado, por su parte, inaugurará la próxima semana la primera turboglorieta urbana del país, una solución viaria común en Holanda que otorga la misma utilidad a todos los carriles, aumenta la capacidad de las intersecciones e incrementa la seguridad.

Todo para que en las ciudades sean menos las víctimas, como las que han acudido a este encuentro y que han vuelto a plantear la necesidad de un pacto de Estado en materia de seguridad vial. El fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolome Vargas, las ha escuchado y ha abogado por incrementar el actual baremo de indemnizaciones, porque los heridos o los padres de fallecidos en accidente de tráfico reciben mucho menos que en otros países de Europa.