El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales supuestamente liderada por el empresario chino Gao Ping en delitos de inmigración ilegal, matrimonios concertados entre chinos y españoles, extorsión, prostitución y hasta juego ilegal. Así se desprende de algunos autos dictados por Andreu respecto a varios de los detenidos que por el momento han prestado declaración en sede judicial, y en los que se hace hincapié en los métodos de la organización desmantelada en la operación Emperador para blanquear dinero.

En concreto, el juez destaca que el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería principalmente del contrabando y el fraude fiscal, si bien en menor medida también tendría su origen en actividades de crimen organizado vinculadas con delitos contra la propiedad industrial e intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes. Los envíos de dinero en efectivo se producirían cada mes o cada mes y medio, y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros. Para sacar el dinero de España, la red utilizaba furgonetas, en las que lo camuflaba entre mercancía textil y que lo transportaban primero a Italia y, posteriormente, a Hungría. Desde allí, el dinero se remitiría a China camuflado entre remesas de emigrantes a través de gestoras de transferencias o sucursales bancarias.

Otro de los métodos utilizados era remitir desde España a China grandes cantidades de dinero, en este caso escondidas entre remesas de inmigrantes por medio de entidades de gestión de transferencias. La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos, sin que las cantidades remitidas superaran los tres mil euros al trimestre. Con estos métodos, destaca el juez, la organización, dentro de la que trabajaba un grupo "altamente" especializado en el fraude y la evasión de capitales, movía un "altísimo volumen de dinero" al margen de los cauces legales.

El magistrado ha llegado a estas conclusiones tras analizar el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a los miembros de la trama, que apuntan a que la recogida del dinero se centralizaba en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Gracias a esas conversaciones se investigan también delitos de inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria.

En estas actividades estaría implicada una gestoría de la calle Gran Vía de Madrid, en la que se cobraba a ciudadanos chinos sumas de entre 16.000 y 18.000 euros para regularizar su situación o se les ofrecía la posibilidad de trabajar gratis entre dos y tres años en los negocios que la red tiene en España para resarcir sus deudas. Para ello, prosigue Andreu, la citada gestoría contaría con la ayuda de algún funcionario español en el consulado de Pekín, que "estaría cobrando importantes cantidades de dinero por facilitar la expedición de visados". La red contaba con el Grupo Shandong que, según el juez, estaba formado por individuos unidos por intereses económicos y mercantiles que cobraría esas deudas, "empleando la violencia cuando es necesario".

De las investigaciones, Andreu deduce que existían tratos de favor a algunos de los empresarios chinos radicados en el polígono de Cobo Calleja y en algunos locales comerciales establecidos en la localidad madrileña de Leganés por parte de policías locales de ambos municipios. Además, vincula a algunos de estos emprendedores chinos con los responsables del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid e insiste en que los presuntos mafiosos también habrían recibido privilegios de responsables del Ayuntamiento de Fuenlabrada, "donde ejercerían una gran influencia sobre algún concejal".

En relación con el tráfico de seres humanos y de drogas, uno de los autos recuerda que en el karaoke Shangrilá de Leganés, el 19 de octubre y el 28 de diciembre de 2012, varios ciudadanos chinos increparon y amenazaron a los agentes que querían identificarlos, algunos de ellos relacionados con negocios asentados en el Cobo Calleja con antecedentes por delitos contra la salud pública. En otro karaoke de Leganés, regentado por chinos y llamado Huam Ma, la Policía encontró además a diversos empresarios de este país acompañados de jóvenes chinas y del que se extrae, según el magistrado, que se ejercía la prostitución.