La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, insistió ayer en que su departamento "no contempla" poner en marcha el copago sanitario pero reconoce que es cierto que los expertos lo están "estudiando", pero de la misma manera que "desde hace más de 20 años". En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra quiso dejar claro que Sanidad "siempre" ha dicho que no ve "conveniente la introducción del copago" aunque haya expertos que lo hayan planteado como vía de "introducir instrumentos para garantizar la sostenibilidad" de las cuentas públicas.

Jiménez recordó que este instrumento, que haría que los usuarios de la sanidad pública tuvieran que pagar una pequeña cantidad por recibir asistencia, se ha tratado "entre otras fórmulas" en el Consejo Interterritorial de Salud y en la Subcomisión del Pacto de la Sanidad.

"Lo están estudiando los consejeros y los expertos, pero porque siempre, desde hace más de 20 años, ha sido un elemento de reflexión. Pero insisto en que el Ministerio de Sanidad no lo contempla", remachó.

El martes, la propia Jiménez se pronunció "en contra del copago sanitario porque perjudicaría a las personas más desfavorecidas" y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, recordó que es "una de las muchas medidas que de vez en cuando se plantean y están allí como una posibilidad", pero que se decidió no incluirlo en los últimos recortes y optar por una reducción del gasto farmacéutico.

De hecho, el Gobierno ha cifrado en 1.300 millones de euros el ahorro que se conseguirá con la reducción del precio de los medicamentos y su distribución en monodosis mientras que introducir el copago sanitario ahorraría 600 millones de euros, según cálculos del propio Ejecutivo.

Esos 600 millones se ahorrarían si se cobraran 5 euros por cada visita médica y 10 en las urgencias, y excluyendo de esta obligación a quienes cobren pensiones mínimas, enfermos crónicos y otros colectivos sin necesidades especiales. No hay cálculos, en cambio, de cuánto se recaudaría si se introdujese además un copago por receta.

En todo caso, fuentes gubernamentales apuntan que la cifra de 600 millones de euros es pequeña frente al total de 65.000 millones de euros al año que cuesta el sistema sanitario a los Presupuestos Generales del Estado y, además, que el gasto de este es estructural, fundamentalmente en personal e inversiones, además del gasto farmacéutico.

Como respuesta a esta posibilidad, un manifiesto conjunto difundido por el Consejo Social de la Organización Médica Colegial, formada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Foro Español de Pacientes, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas señala que "el sistema sanitario no es el responsable de generar la crisis económica y, por lo tanto, no debe sufrir en primera instancia las consecuencias de la misma".

El texto destaca que en los últimos años el sistema sanitario ha sido capaz de asumir el envejecimiento de la población y sus necesidades de salud, sin que el presupuesto de Sanidad haya aumentado "de forma equivalente y con garantías".

El manifiesto recuerda que la sanidad es uno de los pilares del Estado de Bienestar que "debería verse como una inversión y no como un gasto", y como un sector con capacidad de promover crecimiento económico local, autonómico y estatal.