La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La botella de cava barato, símbolo del triunfo
Durante el año 2024, Andalucía consiguió reducir su porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En concreto, hablamos de un 35,6% de la población andaluza, que representa 1,9 puntos menos con respecto al año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, pese a lo alentadores que puedan resultar estos datos, lo cierto es que la región todavía cuenta con la tasa de pobreza más elevada de España.
Inevitablemente, las cifras enmarcan una realidad en la que, cada vez, son más necesarias las ayudas por parte de las administraciones. Sin embargo, hay algunas poco conocidas para la ciudadanía. Una de ellas, es el informe de vulnerabilidad o certificado de exclusión social, que los interesados pueden solicitar dirigiéndose directamente a los servicios sociales.
Según informa la Fundación Diversitas, este informe es “un documento que acredita que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social, y que necesita ayuda del Estado para superar las barreras que se han creado a su alrededor”.
Asimismo, añade Víctor Nieto, CEO de la Academia de Trabajo Social, en su blog, que se trata de “una herramienta fundamental para prevenir desahucios. Este documento, elaborado por un profesional del trabajo social, detalla la situación de la familia y justifica la necesidad de evitar llegar a ese extremo”. Además, “permite a las familias acceder a ayudas específicas o a programas de realojo que, de otro modo, no estarían disponibles”.
En cualquier caso, su utilidad va más allá. En palabras de Nieto, sirve también “para facilitar el acceso a recursos económicos, apoyo psicológico y asistencia jurídica”. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta que, en el caso de cumplirse los requisitos y resultar aprobado, puede contribuir a paliar una situación ya de por sí bastante complicada.
En la actualidad, no existe un procedimiento nacional o autonómico común para solicitar este informe. Por el contrario, cada municipio ha establecido sus propias normas. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba indica que “podrá ser solicitado por cualquier persona mayor de edad con residencia efectiva en el municipio y que precise acreditar su situación de vulnerabilidad ante determinados organismos, siempre que no esté vinculada a un procedimiento judicial”.
No obstante, como veíamos en un principio, el primer paso siempre es dirigirse a los Servicios Sociales de la propia localidad y pedir cita con un trabajador social. Una vez hecho esto, la Fundación Diversitas enumera dos pasos imprescindibles:
A partir de ese momento, el trabajador social evaluará el caso en cuestión con el fin de aprobar o denegar la solicitud. Además, subraya la misma Fundación, “el certificado tiene una validez de tres meses y se puede renovar si no cambia la situación”.
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