La sentencia de los crucifijos reabre el debate sobre la religión en la escuela

En las paredes del colegio público Macías Picavea de Valladolid ya no habrá más crucifijos. Un juez dictó recientemente una sentencia que obliga al citado centro educativo a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005. El magistrado destaca en la sentencia, de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, que el mantenimiento de los símbolos religiosos en este centro educativo vulneraría "derechos fundamentales" consagrados en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, referidos a la igualdad y libertad de conciencia.

El fallo, que aún se puede recurrir, exige al consejo escolar del colegio a descolgar los crucifijos presentes en el colegio desde 1930, a lo que el organismo interno ya se había negado en varias ocasiones. Según se señala en la propuesta de resolución desestimatoria del recurso de alzada, en cuanto a las motivaciones que se tuvieron en cuenta por los miembros del consejo escolar, se encuentra el que "los símbolos religiosos no interfieren en la labor docente". También se dice que no pretende colocar símbolos donde no los había, sino mantener los ya existentes durante muchísimos años.

Al parecer, se trata de la primera sentencia que entra en el fondo de la cuestión reivindicada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, cuyo portavoz, Fernando Pastor, ha expresado su "alegría inmensa" por lo que considera "un triunfo de la higiene democrática frente a una realidad de otro tiempo, preconstitucional, basada en el nacional catolicismo".

Esta asociación presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del consejo escolar del colegio público Macías Picavea, adoptado el 17 de marzo de 2008, que tras una votación secreta se decantó por mantener los símbolos religiosos en el centro educativo. Esta decisión llevó a un grupo de padres a recurrir a la justicia en varias ocasiones, hasta conseguir este dictamen.

La sentencia alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que recuerda que el "Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actitudes de signo religioso" y alude a "la laicidad y neutralidad del Estado".

Pastor confía en que la Junta de Castilla y León no recurra la sentencia, algo que en su opinión sería una "indecencia por intentar perpetuar una situación que vulnera derechos fundamentales", aunque la administración competente tiene ahora un plazo de 15 días para presentar recurso. El portavoz de la asociación ha celebrado que "por fin la justicia haya entrado en el fondo de la cuestión", ya que hasta ahora las demandas de un grupo de padres de este centro y los recursos planteados por la Junta de Castilla y León se basaban en "aspectos formales". Para Pastor "se sienta un precedente a nivel nacional" para que los símbolos religiosos no puedan mantenerse en las aulas de los centros educativos públicos.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha afirmado que acepta la sentencia y ha recordado que en su día dejó el asunto en manos del consejo escolar. El portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago, dijo a Efe que el Gobierno regional no tiene nada que objetar sobre esta resolución, que cumplirá al ser firme, instando al colegio en cuestión a que retire los crucifijos de las aulas.

Las reacciones no han tardado en llegar. Así, el Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León exigió ayer a la Junta que los efectos de la sentencia sobre la retirada de los símbolos religiosos en el citado centro se extiendan, de oficio, a todos los centros públicos de la comunidad autónoma. La portavoz de este grupo, Ana Redondo, ha señalado a Efe que la extensión de los efectos de la sentencia "es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que, por el motivo que sea, no profesan la religión católica" y por lo tanto, se reconozcan el pluralismo ideológico y religioso en la escuela pública.

No es la primera vez que los padres alzan la voz por la presencia de símbolos religiosos en las aulas. Una situación similar ocurrió en 2006 en un colegio público de Baeza (Jaén), donde la Junta de Andalucía obligó a retirar los crucifijos tras la denuncia de unos padres.