CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta pone coto a la bollería y los refrescos con cafeína en los colegios

  • Salud prohíbe la venta de alimentos de más de 200 kilocalorías en centros educativos y obligará a los bares a ofrecer agua gratis a sus clientes para frenar la obesidad

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La Junta de Andalucía acota la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en los centros educativos de la comunidad. Los alumnos no podrán adquirir en los colegios alimentos cuyo valor energético exceda de 200 kilocalorías o contengan cafeína o sustancias estimulantes similares. También quedan proscritos aquellos que contengan un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en un lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus cantinas y comedores.

Éstas son algunas de las medidas que incluye el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada que fue aprobado este martes por la Junta y que ahora inicia su trámite parlamentario. “Es la primera vez que una comunidad autónoma regula la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general”, señaló la consejera de Salud, Marina Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La norma establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía, un problema que afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y casi a uno de cada cuatro niños andaluces. Precisamente, los menores constituyen uno de los colectivos a los que más afectará la ley.

Una medida clave es la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en los centros educativos y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos. 

Álvarez también destacó el fomento de los programas de educación física. Los centros educativos tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley para establecer un tiempo mínimo de cinco horas efectiva semanales de actividad física y ampliar las actividades extraescolares que incluyen ejercicio.

El proyecto de ley mantiene algunas de las medidas que ya recogía el anteproyecto aprobado en octubre de 2016. Entre ellas, se encuentra el límite a la publicidad de bebidas y alimentos dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores. El Consejo Audiovisual de Andalucía velará por su cumplimiento.

Otra de las cuestiones que permenecen en el proyecto de ley es la obligación para bares y restaurantes de ofrecer de forma gratuita un recipiente con agua y vasos para sus clientes. Asimismo, la norma incluye la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.

El fomento de la actividad física también pasa por las empresas. Si se mantiene la redacción actual tras el trámite parlamentario, los centros de trabajo con más de 50 empleados tendrán que habilitar aparcamientos para bicicletas.

Además, el proyecto aprobado prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas.

Con esta herramienta se podrán comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas comerciales. Dicha herramienta estará disponible en la web de la Consejería de Salud para que los ciudadanos puedan consultar las características nutricionales de los alimentos que consumen

La consejera de Salud ha incidido en que esta norma sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, empresas, medios de comunicación y empresas de publicidad.

Por otro lado, la futura ley regula la elaboración de cartas de compromiso y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades que promueven los hábitos de vida saludables. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, mientras que en las universidades se facilitará la configuración de ofertas docentes que aborden los problemas de la nutrición, la dieta mediterránea y el ejercicio.

A estas medidas se suma la instauración del Premio a la Innovación y a las Buenas Prácticas en materia de actividad física y alimentación saludable, dirigido a sectores sociales, públicos y privados que asuman como compromiso la prevención de la obesidad.

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