Un asesinato perpetrado en abril de 2008 con tintes novelescos, una trama de corrupción en cuerpos policiales y pistas judiciales todavía sin concluir. El crimen de Lucía Garrido, cuyo cadáver fue encontrado en la piscina de su finca, en Alhaurín de la Torre, comienza a resolverse, aunque son varias todavía las incógnitas que siguen pendientes, entre ellas conocer quién fue el artífice del asesinato. Tras casi ocho años, el Instituto Armado llevó a cabo el pasado 26 de enero la detención en Mijas del que considera el autor material de la muerte de la mujer. Apenas una semana más tarde, se producía el segundo arresto de un ex guardia civil que en la fecha en que ocurrieron los hechos estaba destinado en el Puesto de Coín. Con él, quedaría empañada de nuevo la imagen del Cuerpo. No había sido la primera vez. Un informe remitido en 2015 por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil reflejaba la posible relación entre agentes de la Benemérita, el crimen de Lucía y el de dos jóvenes colombianos abatidos un año más tarde del crimen en la misma finca por el ex marido de ésta. Los nuevos datos de la investigación "sostendrían y arrojarían más sentido aún si cabe al móvil del crimen de la mujer".

De hecho, los expertos apuntaban directamente a que en la planificación de ese asesinato "pudo igualmente existir la presencia de uno o varios guardias civiles directamente vinculados al tráfico de drogas".

Las pesquisas dejan entrever que las tres muertes violentas, todas ellas ocurridas en un recinto que servía de refugio para animales intervenidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), podrían estar relacionadas. El pasado día 9, poco después de los dos arrestos por la muerte de Lucía, su ex pareja declaró como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 10 por el asesinato de los colombianos que accedieron a su finca. El hombre, que sigue en libertad, mantuvo que actuó en defensa propia.

La familia de la fallecida está convencida de que las primeras detenciones practicadas en esta causa son la punta del iceberg para desmantelar un entramado de corruptelas. Cree, eso sí, que son todavía insuficientes. Su objetivo estriba en conocer "quién o quiénes contrataron al sicario de Lucía y el motivo". Y no sólo eso. Exige saber "quién ha actuado" para que su particular calvario se haya prolongado ocho años. A la cabeza de la batalla se sitúa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), capitaneada en Málaga por Ignacio Carrasco, quien defiende que la supuesta vinculación de varios guardias civiles con el ex compañero sentimental de Lucía ha frustrado durante estos años la resolución del crimen. Desmiente, además, las declaraciones del general jefe de la Guardia Civil Laurentino Ceña, que aseguró que la muerte se ha estado investigando desde 2008.

La intensa labor de Carrasco ha permitido el avance de la investigación y que haya quedado al descubierto una maraña de corrupción en el Seprona ligada al caso de la mujer asesinada, reabierto tras haberse archivado el 4 de mayo de 2009. No le ha resultado fácil. "He sido acosado por la Administración sólo por pedir que se investigue, lo que es muy grave en un país democrático. Me siento un disidente en la lucha contra la corrupción. He luchado en el Norte en primera línea para acabar con el terrorismo y me avergüenza lo que está ocurriendo", explica Carrasco.

Lucía Garrido murió ahogada en la piscina de su casa con golpes y una puñalada. Su ex marido se aferró a una coartada que aquel día le situaba en Cádiz. Demostró con imágenes de las cámaras de gasolineras en las que repostó que él no estaba en Alhaurín de la Torre el día en que se produjo el crimen. Caso archivado. A finales de 2010, la ex pareja de la mujer, y principal sospechoso, fue detenido por la Policía Nacional en una operación contra el narcotráfico junto a un teniente del Instituto Armado, que ejercía de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de la investigación de dicho crimen, según el entorno de la fallecida. La familia, apoyada por la AUGC, logró que en 2012 se reabriera. Pero no fue hasta 2013 cuando el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 imputó al individuo por un presunto delito de homicidio y malos tratos habituales. Para el portavoz del colectivo, los hechos responden a una simple regla de tres. "Si es el supuesto inductor del asesinato, tenía que haber contado con gente de su máxima confianza que pudieran perder tanto como él. Contó con guardias civiles para hacer un trabajo y tenía la absoluta seguridad de que no hablarían", asevera.

La intención de la asociación ahora es clara. "Somos prudentes y no haremos declaraciones que puedan afectar al secreto de sumario, pero seremos implacables en la persecución de los ilícitos. Esperamos que esto no lleve a otro archivo en falso de las actuaciones", recalca Carrasco.