Tres gobiernos autonómicos, los de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana -los dos primeros en manos de los socialistas, el tercero, del PP- han hecho un frente común para demandar que el futuro sistema de financiación de las autonomías prevea una reducción de las aportaciones que éstas realizan al fondo de suficiencia estatal, del que se nutren los territorios que generan insuficientes recursos financieros para atender la prestación de los servicios públicos.

La demanda de las tres comunidades citadas coincide, a tenor de los datos del Banco de España, con el progresivo aumento de la deuda que han presentado sus cuentas a lo largo de los tres últimos años. El caso de Baleares es espectacular, ya que su endeudamiento se ha incrementado más del 100% (101,3%) cuando la media del conjunto de las comunidades fue del 16,3%. Por encima de ese porcentaje se situaron también Cataluña (27,7%) y Comunidad Valenciana (29,4%). En contraste, Andalucía logró reducir esa cifra un 4,9%, al pasar de 7.584 millones de euros en 2004 a 7.213 millones en 2007.

La comparativa entre deuda pública y PIB, un indicador que mide la salud de las finanzas públicas con respecto al crecimiento económico, también es favorable para Andalucía en comparación con la media de las comunidades, ya que se redujo 1,9 puntos, el dato más favorable de todas las autonomías. Hay que subrayar que Andalucía ha bajado su deuda más de tres veces por debajo de una media en la que tiene gran peso el gran descenso vasco, con un 42,4% menos.

Cataluña, Baleares y Comunidad de Valencia atribuyen sus problemas financieros a que el sistema de financiación no actualiza con eficacia el incremento de la población residente en cada una de ellas y que, por tanto, sus necesidades están infravaloradas.

Con el modelo de financiación vigente, sólo dos autonomías -Baleares y Madrid- tienen capacidad para atender sus demandas de gasto sin necesidad de recurrir a ese fondo de suficiencia, aunque el objetivo tanto del Gobierno de la nación como de los autonómicos es aumentar la autonomía financiera de las comunidades a través de un incremento de los impuestos que gestionan. La pregunta es mediante qué fórmula.

El Gobierno realizará un esfuerzo para responder a las demandas de las comunidades, pero este esfuerzo financiero será necesariamente "muy limitado" en las actuales condiciones económicas. Así lo afirmó ayer el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que admitió que existen dos posiciones: la de las autonomías que "se conforman con una modificación" del sistema vigente actualizando los datos de población y abogan por que el Estado pague la diferencia en aquellos territorios que no tienen población, y las que piden que se reduzca el fondo de suficiencia como consecuencia de una mayor participación en los ingresos del Estado y defienden que el Estado pague la cantidad adicional para cubrir los servicios que no puedan financiarse con ese fondo. Solbes admitió que, en este segundo grupo, se manejan muchas variables sobre lo que se consideran servicios básicos que deben prestarse de forma equilibrada en todo el territorio.

El vicepresidente, quien admitió que en el tema de financiación autonómica el Gobierno no se puede permitir los cien días de gracia, entre otros aspectos porque existen compromisos derivados de la aplicación del Estatuto catalán, admitió que ya se están manteniendo "contactos discretos" con algunas comunidades para definir las posiciones ante la negociación.

Solbes consideró normal que catalanes y valencianos intenten definir sus posiciones ante la negociación, y se mostró partidario de aumentar la cesión de impuestos a las autonomías.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno tiene tres objetivos para el nuevo sistema: que mejore los recursos de las comunidades, su autonomía financiera y respete el principio de cohesión y solidaridad territorial. Para que el sistema salga adelante, subrayó, "tenemos que querer todos".