Al menos uno de los ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) que han denunciado a la Junta de Andalucía por no cobrar indemnizaciones tras ser cesados el pasado mes de julio y que han sido denunciados por los nuevos responsables de la empresa pública por recibir "privilegios de dudosa legalidad y moralidad" mientras ejercían sus funciones, ha sido recolocado en un nuevo puesto. Se trata de José Manuel Vergel, ex director de Recursos Humanos de EPSA hasta julio y al que la nueva dirección de la empresa pública, ahora gestionada por Izquierda Unida en la Consejería de Fomento y Vivienda, acusa judicialmente de diversos "fraudes" en el cobro de dietas para exceder el tope legal del sueldo del presidente de la Junta (68.981 euros al año).

El propio Vergel, según consta en la demanda administrativa de la Junta que se resolvió sin éxito en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, presta sus servicios en la Delegación de Educación de la Junta en Almería, "en la que su compañero de partido Jorge Cara ostenta el cargo de secretario general de Formación Profesional". Vergel ingresó a principios de 2007 en EPSA por su afinidad política con el que era el director de la empresa pública y ahora es alto cargo en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno. La delegada de Educación en Almería es Isabel Arévalo, que fuera miembro de la comisión ejecutiva del PSOE de Almería cuando Vergel ostentaba la Secretaría de Empleo del partido.

Según ha podido conocer esta redacción, Vergel está llevando la relación con la prensa a la delegada provincial, aunque ante la llamada de este periodista el pasado sábado el aludido se sorprendía del conocimiento de su número de teléfono "profesional". El número es de los corporativos de la Junta.

En una conversación posterior con esta redacción, Vergel se definió como "un simple administrativo" que ayer se incorporaba a su puesto de trabajo. Señaló además que le han rebajado de nivel como funcionario público (del 20 al 15) que aceptó "porque cuando uno pide una excedencia se reincorpora donde existe disponibilidad de ese puesto".

Según la denuncia de la Junta, Vergel comunicó que no tenía plaza reservada en la Administración, "cuestión ésta que resulta extraña toda vez que consta a esta representación que Vergel presta servicios en la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, en la que no existe legalmente puestos de trabajo de libre designación para quien no ostenta la condición de funcionario".

Los nuevos gerentes de EPSA reclaman a Vergel que devuelva 31.325 euros sólo por el último año si, como alega, desempeñó un cargo como laboral común y no fue alto cargo. En las memorias de EPSA de los últimos años (la última es de 2009), Vergel aparece en el organigrama como personal directivo.

La Junta acusa a Vergel, entre otras cuestiones, de diseñar una estrategia para cobrar indemnizaciones cuando fuera cesado. También de "enmascarar" los pagos en especie para eludir el tope salarial para los cargos públicos: el del presidente de la Junta.

El aludido señaló en la conversación con este medio que "cobró las ayudas para alquiler a las que todos los funcionarios tienen derecho". Según consta en los registros de la Junta, Vergel recibió en 2007 4.000 euros; 8.286 euros en 2008; 12.224 euros en 2009, 10.800 en 2010, 11.120 euros en 2011 y 6.664 euros en los primeros seis meses de 2012, además, bajo un criterio "absolutamente fraudulento", ya que Vergel "tenía su domicilio familiar en Sevilla y estableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribuciones".

En el plano político, el PSOE pasó de puntillas ayer por la denuncia que la Consejería de Fomento que dirige la izquierdista Elena Cortés ha realizado contra estos ex cuatro directivos afines al partido socialista.

A preguntas de los periodistas, el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, evitó pronunciarse sobre los privilegios que tuvieron estos ex directivos y señaló que, ante la "contradicción de versiones" existente, debe "aclararse primero" esta situación y posteriormente "si existen responsabilidades, deben depurarse". En un plano estrictamente de conflicto laboral entre la empresa pública y los denunciados, Jiménez entendió que EPSA "tiene derecho a defender su posición" y no valoró si esta actitud de IU en la Consejería puede traer consecuencias al pacto de gobierno.

El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, señaló en rueda de prensa que se debe preguntar a Griñán cuánto han costado los "privilegios" de los directivos de las empresas públicas y si se han producido "blindajes, cesantías y pago de viviendas y otros gastos".