Susana Díaz no hizo concesiones a la lírica en su discurso de investidura de ayer. Las metáforas, las alusiones a la Andalucía soñada, los parábolas ideológicas, las citas literarias de los poetas y las quejas lastimeras las dejó para los mítines; fue una hora y media de programa de Gobierno en la que anunció hasta 135 medidas. Todo un tanto abrumador, pero repleto de guiños y de gestos a la oposición. Al PP le entregó la mayor rebaja fiscal que nunca se había anunciado en el Parlamento, muy parecido a la que su líder, Juan Manuel Moreno, solicitó en octubre pasado; a Ciudadanos, un paquete de medidas anticorrupción que recoge todas las propuestas de este partido en esta materia incluida la de apartar a los cargos públicos o electos que mientan o exageren en su curriculum; a Podemos, una reducción del 10% de los altos cargos y de los puestos de confianza, además de una mediación para evitar desahucios de las entidades financieras con las que trabaje la Junta, y a IU... pues de IU rescató casi todo lo que esta formación hizo y le faltó hacer durante los tres años de Gobierno compartido, desde la ley de renta básica a la de suministros vitales. Todo, menos la memoria histórica.

Susana Díaz busca el apoyo de, al menos, dos grupos de la oposición para ser elegida presidenta el próximo viernes por mayoría simple. Hoy se someterá a una primera votación, en la que necesita una mayoría absoluta que no conseguirá. Cuenta con 47 parlamentarios de los 109. Y, de momento y de cara al viernes, sólo se vislumbra con una probable abstención de Ciudadanos. Podemos se resiste en su no y el PP sigue enrocado en una negativa perpetua. Aunque obvio, Díaz lo advirtió: "Para que haya oposición es necesario que haya Gobierno". "Señorías, hablemos con claridad -dijo casi al final de su discurso-, sé perfectamente que no he obtenido la mayoría absoluta de esta Cámara, pero sí el apoyo mayoritario de las urnas, y Andalucía necesita, para tener un Gobierno, de su colaboración; por activa o por pasiva, absteniéndose dado que no existe una mayoría alternativa".

Ése es el objetivo de Díaz, que la Junta cuente "de inmediato" con un nuevo Ejecutivo, y para ello, y además de todas las concesiones que realizó en el día de ayer, se mostró abierta a "enriquecer" su programa con las intervenciones que a partir de esta mañana a las 10 realizarán los grupos de la oposición. Una de las grandes respuestas que ha dado el PSOE se notó en forma de ausencia: ni su antecesor en el cargo, José Antonio Griñán, ni el anterior de éste, Manuel Chaves, estuvieron en la tribuna de invitados. Ambos han entregado sus cargos a dos partidos que, de momento, seguirán sin facilitar el Gobierno.

La propuesta de reforma fiscal que Susana Díaz anunció se parece bastante a la que Moreno presentó en octubre de 2014 y la que el propio PSOE llevaba en su programa de las elecciones. Supone una reducción de 2 a 3,5 puntos del IRPF para los tramos de las rentas bajas y medias; la bonificación de los primeros 175.000 euros de la base del impuesto de donaciones y sucesiones; la bonificación de este tributo en caso de donación a hijos menores de 21 años y por valor de 250.000 euros; la devolución del céntimo sanitario a los transportistas, y una nueva ley de tasas y precios públicos para reunificarlas y hacerlas más sencillas. En algunos términos el PP fue más allá; por ejemplo, solicitó la supresión gradual del impuesto de sucesiones, pero hace un año el PSOE ni se planteaba una reducción del tramo autonómico del IRPF a pesar de que es uno de los dos más altos de España.

Otro de los bloques de mayor importancia, al que dedicó 25 minutos de su intervención, fue el de las medidas anticorrupción. Dedicadas en honor de Ciudadanos, el partido con el que el PSOE firmará esta misma semana un pacto sobre esta materia que facilitará la abstención de sus 9 parlamentarios. Estos votos no son suficientes para ganar una votación por mayoría simple. Entre estas medidas se incluye la exclusión de cualquier imputado por corrupción política de cargos y listas electorales. Esta propuesta va más allá de lo que indica el código ético del PSOE, que insta al abandono del cargo cuando se ordene la apertura del proceso oral; es decir, cuando haya una acusación en concreto. Susana Díaz también propuso que se instaurase el sistema de listas desbloqueadas, de tal modo que el votante de un partido pueda escoger a sus candidatos. Y se manifestó a favor de la elección directa de alcaldes y presidentes de comunidades y del Gobierno central mediante la introducción del sistema de doble vuelta. Esto no se encuentra entre sus competencias, por lo que anunció una iniciativa legislativa autonómica que se presentará en el Congreso.

La presidenta en funciones ya se había manifestado a favor del sistema de doble vuelta, una propuesta del PSOE desde los años noventa y que no es la del PP, que es partidario de que gobierne la lista más votada. La segunda elección permite a los votantes escoger al ganador de entre los dos personas más votadas; es el sistema vigente en Francia, donde lo instauró el general De Gaulle después de un período de inestabilidad política.

Una vez conseguidas las renuncias de los ex presidentes Chaves y Griñán, a Susana Díaz le separa de la abstención de los 15 parlamentarios de Podemos dos asuntos: los desahucios y la reducción del número de altos cargos y puestos de confianza en la Junta. Sobre esto último, la presidenta en funciones dobló la concesión que había realizado el PSOE hasta ahora. Si sus negociadores ofrecieron una reducción del 5%, ella lo llevó hasta el 10%, aunque a Podemos le sigue pareciendo insuficiente porque quiere un ahorro de 24 millones de euros. La formación de Teresa Rodríguez propone que las consejerías estén dirigidas sólo por dos altos cargos públicos, el consejero y el viceconsejero, mientras que los demás directivos serían funcionarios.

Tal como adelantó la presidenta el domingo desde Chiclana, su Gobierno aceptaría que los bancos con los que trabaje la Junta se tengan que adherir al sistema arbitral de consumo y de mediación en el caso de los préstamos hipotecarios. Ello supondría que las entidades donde la Junta tenga cuentas tendrían que negociar los desahucios con terceros. A Podemos le parece insuficiente porque desea que la Junta cierre ya las cuentas con aquellos bancos que desahucien, aunque la administración andaluza no cuenta ahora ni con depósitos ni convoca subastas de remanentes de liquidez, lo que tiene son deudas y las líneas de liquidez del Gobierno central.

En su discurso, Susana Díaz anunció la ampliación de las plantillas de colegios, guarderías, de hospitales y de centros de salud en lo que suponen las primeras medidas de desahogo presupuestario. Incluso rescató la Consejería de Cultura, que volverá a estar como tal en el Consejo de Gobierno después de que fuera asumida por la de Educación en el último cambio de José Antonio Griñán. ¿Cuándo? La oposición decide.