La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de pretende concretar este año una línea de colaboración directa con las ocho diputaciones provinciales para que se puedan encargar, con financiación autonómica, de determinadas obras para la depuración de aguas residuales, al objeto del cumplimiento de una normativa europea que caducó el último día de 2015.

El consejero José Fiscal se comprometió a respetar los términos de la directiva europea como "una de las prioridades absolutas" de su departamento, afirmando al respecto que en 2016 el Ejecutivo andaluz hará "todo lo que esté en su mano" para acelerar las depuradoras que son competencia de la Junta. En este sentido, Fiscal recordó que muchas de estas instalaciones siguen dependiendo de ayuntamientos o mancomunidades; mientras que otras son de Interés General del Estado, por lo que son estas administraciones las encargadas de llevarlas a cabo.

Pese a la competencia municipal, algunas de estas infraestructuras se declararon de Interés Autonómico en 2010, "sabedores de que si la Junta no intervenía había un número importante de pueblos andaluces que nunca tendrían depuradas sus aguas", explicó Fiscal. Así, se refirió al acuerdo con las Diputaciones, "que vamos a ver cómo ahormamos jurídicamente", para una "aceleración importante", siempre teniendo en cuenta que en Andalucía "cumplimos más que la media de España: no hay ninguna comunidad autónoma con un nivel de depuración mucho mejor que el nuestro, no somos ninguna excepción".