El equipo de peritaje técnico y jurídico encargado, a petición del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, de estudiar si el Centro Comercial Nevada de Armilla se ajusta a la legalidad ha emitido un informe con unas conclusiones contundentes. La que más, ésta: necesariamente hay que tomar la decisión de demoler el edificio, total o parcialmente, por el "cúmulo de sucesivas irregularidades" supuestamente cometidas.

El informe es exhaustivo y resalta irregularidades desde la aprobación y reforma de las figuras del planeamiento urbanístico que afectan a los terrenos, hasta la tramitación de los tres proyectos presentados, pasando por su altura o los metros cuadrados construidos. El equipo de peritaje técnico ha estado dirigido por los catedráticos de Urbanismo José Luis Gómez y Luis Moya, ayudados por el profesor de Urbanismo y arquitecto David Cabrera y el también arquitecto Fernando Osuna. La comisión jurídica la integraron el abogado Jesús María Hidalgo y los profesores de Derecho Administrativo María Asunción Torres, Ignacio Jiménez y Rafael Barranco.

Los especialistas definen el Nevada como un "edificio enorme que ocupa 123.000 metros cuadrados de la Vega y contiene 275.000 metros cuadrados construidos sin cumplir la legalidad urbanística vigente". El informe asegura que "las zonas dotacionales que se debían haber dispuesto, deberían haber supuesto como mínimo 22.405 metros y, sin embargo, no llegan a 4.200", y se agrega que el actual proyecto, elaborado por el arquitecto Justo Rico Amat y paralizado por orden judicial, ocupa una superficie de suelo no urbanizable de 20.364 metros "que destina a aparcamientos".

El peritaje cuantifica una pérdida, entre suelo público y no urbanizable, de 39.564 metros cuadrados. Y eso, acota, si sólo se atiende al mínimo fijado por la legislación.

Asimismo, pone el acento en que, entre los años 1996 y 2006, la altura del Nevada pasó de los 3,30 metros iniciales a los 17,70 de ahora. En superficie, de 66.805 a 122.955 metros cuadrados. Y en superficie construida, de 60.994 a 167.748.

Los especialistas ponen de manifiesto que "no se comprende cómo con un cúmulo tal de irregularidades se pudo proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla". La licencia fue concedida el 30 de septiembre de 2005 por el Consistorio entonces presidido por el socialista José Antonio Morales Cara.

El documento destaca, entre otras irregularidades, que esa licencia fue otorgada para un proyecto con tres clases de suelo con regímenes jurídicos distintos, lo que requería tramitación individualizada que no hubiera permitido la edificación. También denuncia la falta de informes favorables de las consejerías de Medio Ambiente y de Economía.