Andalucía

El parón del Gobierno a las renovables inquieta al sector

  • El cambio del sistema retributivo a las termosolares pone en riesgo inversiones de 3.000 millones en Andalucía

Una cosa es pregonar y otra dar trigo. El Gobierno acaba de cambiar, por un real decreto-ley de 7 de mayo, las reglas de juego para la instalación de energías renovables, preocupado de la alta demanda que había generado la energía termosolar. Esta medida ha generado irritación y malestar en un sector industrial que sólo en Andalucía preveía una inversión de 3.000 millones de euros. En la actual coyuntura económica se trata de uno de los pocos sectores industriales en los que hay un gran dinamismo. Pero no sólo el sector privado está disconforme con un decreto que ha supuesto un parón y ha generado mucha incertidumbre; también las comunidades autónomas se han sentido relegadas en este proceso legislativo que las concierte de lleno: tienen la capacidad exclusiva de autorización de estas plantas de generación de energías limpias.

Todas las fuentes consultadas por este diario, en la administración y el sector empresarial, coinciden en que había que cambiar el sistema de incentivos a la instalación de energías renovables. De hecho, en el mes de abril se abrió un debate para buscar un marco retributivo más adecuado. El precedente es la desmedida financiación pública para la instalación de huertos solares fotovoltaicos, que supondrá una subvención pública en toda España de 2.000 millones de euros anuales, durante 25 años, para generar alrededor del 2% de la electricidad que consume el país. Las primas a las fotovoltaicas nacionales fueron un 50% superiores las establecidas en Alemania.

Ahora las empresas reivindican que se respeten las proyectos ya iniciados en termosolar, que han supuesto inversiones millonarias. El Ministerio de Industria y Energía ha prometido que será flexible en la interpretación de 'obra ya iniciada', pero ni los empresarios ni las autoridades regionales se fían. El consejero Martín Soler tiene cita con el ministro Sebastián para antes de final de mes, aunque ya le ha anticipado en una carta muy técnica y diplomática su queja por no haber sido consultado sobre la elaboración de la nueva normativa, en un sector de tanta importancia tecnológica, económica y social para Andalucía. El consejero advierte al ministro que el periodo transitorio no puede paralizar el sector.

El Gobierno reconoce en su decreto de 7 de mayo, que el sistema retributivo para las energías renovables es insostenible. O sea, que se equivocó cuando fijó las primas para este sector. Añade que garantiza la seguridad jurídica de quienes hayan realizado inversiones, pero sólo se garantizan los derechos del anterior decreto a quienes cumplan unos requisitos muy amplios. Entre otros, haber comprado la mitad de los equipos, tener un informe favorable de aprovechamiento de aguas, tener la licencia de obras, disponer de conexión a la red eléctrica distribuidora y tener que depositar un nuevo aval suplementario. Un decreto similar a éste para cerrar las ayudas públicas a las plantas fotovoltaicas dio en su día un año de plazo para ultimar su puesta en marcha. El sector esperaba ahora como mínimo otro año, quizá dos, en la termosolar, dado que una planta fotovoltaica se puede construir en ocho meses y la termosolar necesita al menos dos años. Y se ha encontrado con sólo un mes para presentar todos los papeles en el registro.

La medida que ha adoptado el Gobierno es incompleta y fuentes de la administración central señalan que en septiembre saldrá un nuevo decreto complementario, con las nuevas primas que se ofrecerán al sector. Hasta entonces se abre un periodo de incertidumbre, porque se ignora cuales serán las nuevas reglas de juego. Las gestiones de alto nivel no han parado en las últimas semanas. El presidente de la CEA, Santiago Herrero, envió una carta al presidente de la Junta en la que calificada el nuevo decreto como "un freno a un sector que ha seguido creciendo y creando empleo a pesar de la profunda crisis que atravesamos". El presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), Mariano Barroso, se queja de que el decreto sitúa en "una alarmante inseguridad jurídica a un sector estratégico para el desarrollo andaluz". Un empresario del sector lamenta que se hayan cambiado las reglas de juego a mitad del partido. Desde la administración autonómica se recuerda que estamos ante un sector industrial muy innovador, "lo que por sí solo tiene un gran valor". También se reconoce que el decreto pretende poner orden en "un sector con tendencia a la especulación", pero que ha salido tarde y mal. Fuentes oficiosas señalan que el Ministerio de Industria y Energía no tiene muchos funcionarios cualificados para establecer y redactar estos decretos. Y ese personal ha estado concentrado en las últimas semanas en la nueva normativa para que cualquier consumidor pueda elegir a su proveedor. Ahora se pondrán a la tarea de reconducir el bandazo que el Gobierno ha dado en el terreno de las renovables. Dar trigo es más difícil que pregonar.

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