Durante toda la jornada de ayer comparecieron en el Parlamento andaluz organizaciones y colectivos sociales para valorar los Presupuestos de la Junta de Andalucía del próximo año.

Las organizaciones de consumidores UCE-A y Facua-A coincidieron en criticar el recorte realizado para las políticas de consumo y alertaron sobre el "desinterés" del Gobierno en la protección de los consumidores.

Sobre los recortes, la Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes-A) aseguró que las cuentas en materia de economía social es "coherente con el esfuerzo realizado en términos de austeridad", pero introduce "rasgos de debilidad en un sector clave". CCOO valoró "en líneas generales" los Presupuestos por la situación actual, pero mostró "ciertos desacuerdos" con la dotación de 2.000 nuevas plazas de profesores, que hace "imposible superar las carencias en relación a número de profesorado y a los resultados que tiene el sistema de educación andaluz" y "serias dudas" respecto a que el gasto sanitario estipulado -el mayor en términos cualitativos, cercano al 30%- sea "suficiente para mantener plantillas y el nivel de atención sanitaria".

CCOO coincidió con UGT en pedir "control, transparencia y nitidez" a la hora de ejecutar los proyectos enmarcados en la colaboración publico privada y advirtieron de falta de recursos en los ámbitos de la educación y la justicia. El presidente de la Comisión de Economía de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Ángel Martín, subrayó a este respecto la necesidad de realizar una reestructuración del gasto público, realizando una "poda de lo inútil", y pidió el establecimiento de "garantías" para el desarrollo de la financiación mixta público-privada, "que llega tarde".

Como en los últimos años, ningún representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) compareció, aunque en un comunicado reclamó que el Presupuesto aumente más el Fondo de Nivelación, demanda efectuada en las últimas semanas.