Del Nido se jacta de que generó miles de millones para Marbella

El fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez-Villarejo, y el abogado y presidente del Sevilla F. C., José María del Nido, se golpearon ayer sin piedad durante la segunda sesión del interrogatorio del letrado por el caso Minutas. Es posible que alguno confiara en el K. O. del adversario. Después de cuatro horas de preguntas y réplicas ambos se mantenían aferrados a sus postulados iniciales sin síntomas de debilidad. El enfrentamiento dialéctico tuvo uno de sus principales hitos diez minutos antes de las 14:00, cuando Del Nido aseguró que la labor que desarrolló para el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003 para hacer frente a la fiscalización que realizaba el Tribunal de Cuentas le había generado a las arcas municipales "miles de millones de pesetas de beneficio".

Para esa hora el fiscal Jiménez-Villarejo había cuestionado no sólo la fórmula de contratación del letrado (acuerdo verbal de designación directa, confirmado por decreto de la Alcaldía, sin publicidad ni concurrencia pública), sino que le había reprochado que su trabajo "no mereció el precio que había cobrado", y le había hecho saber ante el tribunal que dudaba de que realmente hubiera desempeñado las tareas que expresaban las minutas. Jiménez-Villarejo cuestionó en primer lugar la estrategia jurídica desarrollada por Del Nido para hacer frente a la investigación de la gestión económica realizada por el Ayuntamiento y sus empresas municipales entre 1990 y 2001. Indicó que impugnó el acuerdo de la comisión mixta Congreso-Senado que decidió fiscalizar Marbella, pese a que era una decisión que no admitía recursos. Después acudió a la vía contencioso-administrativa, al Supremo y al Constitucional, y recusó a un consejero del Tribunal de Cuentas.

El acusado reiteró al menos en una docena de ocasiones que esa estrategia no la marcaba él, sino que se la "ordenaba el órgano público", o sea, el Ayuntamiento, es decir, Jesús Gil, que le dio instrucciones "concretas y escritas" porque tenía informes de catedráticos que avalaban la opción del recurso. "Yo cumplí la orden del cliente", dijo, aunque también matizó que lo normal es que un abogado presente una batería de argumentos "unos más sólidos y otros menos" y que unas veces logre que los tribunales le den la razón y otras no.

En cualquier caso defendió la idoneidad de la estrategia porque le permitió desde el principio denunciar la doble investigación contable a la que estaban sometidos los ejercicios 1990-1993 por parte del Tribunal de Cuentas (de ámbito nacional) y de la Cámara de Cuentas (con jurisdicción en Andalucía) y subrayar la prescripción de la fiscalización de los primeros años, "algo que luego ha aceptado la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas".

Francisco Jiménez-Villarejo puso en duda también la función del abogado Del Nido porque el Tribunal de Cuentas lo rechazó expresamente como interlocutor del Ayuntamiento. Por tanto, "su presencia no era necesaria". En este sentido, el acusado explicó que su labor era interna y consistía fundamentalmente en coordinar los diferentes departamentos y empresas municipales para proporcionar al órgano fiscalizador la documentación que demandaba, un asunto que no era menor porque se tuvieron que aportar más de 17.000 documentos que no se conseguían "dándole a un botón".

El letrado negó que hubiera puesto en marcha una espiral procesal con la finalidad de cobrar minutas indebidas sin el control del interventor, porque se le pagó a través de una sociedad municipal que, precisamente, se nutría de fondos remitidos por el Ayuntamiento, con el visto bueno de la intervención, "con carácter finalista". Y "mucho menos" que su labor hubiera consistido en filtrar la documentación y obstaculizar la fiscalización de la contabilidad municipal.

Una vez puesta en marcha la inspección contable, Del Nido se encargó también de formalizar una serie de formularios sobre las sociedades municipales. En conjunto fueron 21 y por cada uno de ellos facturó 3.000 euros. En opinión de Anticorrupción este sistema se utilizó para fraccionar el pago y así eludir la contratación de un asesor jurídico en un procedimiento con publicidad para un trabajo, cuyo encargo consideró dudoso y en el que supuestamente ni siquiera se tomó la molestia de cotejar los datos con el Registro Mercantil. En este punto José María del Nido saltó raudo y reprochó al fiscal que hubiera confundido las fechas.

La sesión, trufada de momentos de gran tensión, provocó que el presidente del Tribunal, el magistrado Carlos Prieto, llamara la atención en 18 ocasiones fundamentalmente a Del Nido, pero también al fiscal. El combate jurídico entre fiscal y acusado proseguirá hoy.