Los primeros resultados del proyecto piloto de reeducación de maltratadores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social son "alentadores", aunque los técnicos consideran que se debe hacer un seguimiento a largo plazo para ver su utilidad. Así lo dijo ayer el coordinador del programa, Juan Ignacio Paz Rodríguez, quien ha resaltado que las sesiones terapéuticas con los 48 maltratadores participantes consisten en "cambiar una mentalidad, y eso nunca ha sido fácil".

"Lo que tenemos que cambiar no es que un señor pierda los nervios, sino una violencia instrumental para conseguir unos fines ideológicos, que es imponer el dominio sobre otra persona por una ideología sexista" basada en que, "como soy hombre, tengo más poder", enfatizó Paz.

Los 48 hombres acogidos al programa, que concluye hoy y se analizó ayer en una sesión con la presencia de la consejera Micaela Navarro, tienen una suspensión de condena a cambio de que hagan un programa de reeducación, una orden de alejamiento de su mujer y los hijos, no pueden portar armas y no pueden comunicarse con la víctima. Los hombres, repartidos en cuatro grupos de doce cada uno, han recibido 48 horas de terapia repartidas en 25 sesiones por parte de psicólogos de las universidades de Sevilla y Granada, y está previsto que se les haga un seguimiento al menos hasta diciembre próximo.

La directora técnica del programa, Francisca Expósito, reconoció que atajar completamente el problema de los agresores es una cuestión "a largo plazo" y ha indicado que los hombres, cuando empiezan la terapia, "no saben por qué están ahí". Expósito, que comenzó con programas de este tipo en 2007 en Granada, agregó que los que han recibido la terapia "lo agradecen" porque "les relaja mucho el nivel de tensión" el hecho de no tener que "estar siempre con los pantalones bien sujetos", en referencia a que son los que siempre han tenido "el control" de la relación de pareja.

La directora del programa de reeducación de condenados por agresiones machistas, cuya experiencia ha servido para extenderlo a ocho comunidades españolas en coordinación con el Ministerio de Igualdad, reconoció que existe una "carencia" para hacer un seguimiento de los maltratadores cuando han acabado de cumplir sus condenas, por lo que dijo que este extremo se debería plantear como una "obligación".