La familia de Sandra Peña: "Nadie espera que la sanción que le caiga al colegio no sea la más grave"

La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en octubre en Sevilla tras sufrir un presunto caso de acoso en el colegio Irlandesas Loreto, espera que la sanción que le caiga al centro concertado sea la más grave posible. Así lo ha manifestado el portavoz de la familia, Isaac Villar, tras la reunión mantenida en la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. En declaraciones a los medios de comunicación, ha informado de que el juzgado ha admitido la querella presentada contra el colegio.

La querella se presentó contra el centro concertado, así como contra algunos responsables y docentes que estaban relacionados con la menor, por no haber actuado conforme al protocolo en el acoso que sufría la menor en Irlandesas Loreto, que le habría llevado a quitarse la vida. Debe recordarse que el colegio no activó el protocolo ni informó a la Junta de tal situación.

La familia se ha reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de su departamento. Además de Castillo, a este encuentro han asistido por parte de la administración autonómica el viceconsejero, el delegado territorial de Educación en Sevilla y la jefa de la Inspección.

La titular de Educación les ha trasladado que su departamento llegará "hasta donde la ley les permita". No obstante, les ha recordado que la investigación por la vía administrativa se encuentra parada a expensas de lo que se resuelva la Fiscalía y del juzgado que estudiará la querella presentada por la familia contra el colegio.

"Muy arropados"

"Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren" ha afirmado el portavoz de la familia, quien ha añadido que se sienten "muy arropados por la Junta".

Villar ha aprovechado el encuentro con los medios para agradecer "el cariño que están recibiendo de la sociedad". Ha asegurado que la única manera de corresponder es "seguir con esta lucha".

"Al igual que nosotros, ningún padre ni madre puede esperar que la sanción que le caiga al colegio no sea la más grave posible si se demuestra que no activaron los protocolos y no protegieron a Sandra", ha manifestado el portavoz de la familia. Debe recordarse que la penalización más grave que se contempla en estos casos es la retirada del concierto educativo, a la que aludió la propia consejera días después del suicidio de la joven.

Villar ha señalado que los padres continúan muy afectados por lo sucedido y que recordar constantemente los hechos no es fácil ni ayuda a superar la pérdida, pero considera necesario seguir adelante.

El portavoz de la familia ha subrayado que mantener esta lucha es clave para impulsar cambios y evitar que tragedias similares se repitan.

Los hechos

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, la menor decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional y de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Esta administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas. Por tal motivo, abrió un expediente administrativo para depurar responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.