La familia de Sandra Peña acusa al colegio Irlandesas Loreto de tres delitos, entre ellos el de homicidio

La familia de Sandra Peña acusa al colegio de Irlandesas Loreto de tres delitos: homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante. Así consta en una querella que los abogados de los padres de la joven que se quitó la vida han presentado este viernes contra el centro en los juzgados de Sevilla. La familia responsabiliza así al centro del suicidio de la adolescente de 14 años, que se arrojó desde la azotea del bloque en el que residía el pasado 14 de octubre.

Lo hizo después de que su madre hubiera comunicado hasta en dos ocasiones al colegio que estaba sufriendo acoso por parte de otras tres alumnas, sin que el colegio activara los protocolos antiacoso y antisuicidio, como estaba obligado a hacer.

Mientras la investigación contra las tres presuntas acosadoras continúa en la Fiscalía de Menores, los padres de Sandra Peña han decidido dar un paso más en los tribunales y presentar una querella contra el colegio, al entender que la conducta del mismo puede ser constitutiva de hasta tres delitos.

No ha trascendido las personas que trabajan en el centro contra las que se dirige la querella. En la Fiscalía de Menores fueron cuatro las que declararon el pasado 12 de noviembre: el director, la jefa de estudios, la tutora de la menor y la orientadora. Los cuatro aseguraron entonces que el colegio tomó medidas y que éstas estarían documentadas, aunque el expediente no se subió a la plataforma Séneca, sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

El homicidio está castigado en España con penas de entre diez y quince años de prisión. Este delito también puede darse por omisión, algo que ocurre cuando una persona causa la muerte de otra por no hacer algo que estaba jurídicamente obligada a hacer, siendo su inacción equiparable a una acción directa..

Si se trata de un homicidio imprudente, las penas son de uno a cuatro años de cárcel. Si se considera que la muerte se debe a una imprudencia relacionada con motivos laborales o profesionales, la pena que se le impone al responsable es la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

En cuanto a las lesiones, ya sean físicas o psíquicas, se trata de un delito que puede ser castigado con penas de tres meses a tres años de cárcel. Por último, el trato degradante que menoscabe la integridad moral de una persona está penado con condenas de seis meses a dos años de prisión.

Dos días después del suicidio de la menor, la Junta emitió un duro comunicado en el que informaba de que elevaría el caso a la Fiscalía de Menores, al considerar que el colegio Irlandesas Loreto no había activado los protocolos a los que estaba obligado. La consejera de Educación, Carmen Castillo, se reunirá el 14 de enero con los padres de Sandra Peña, que le solicitaron un encuentro a finales del año pasado.