EL pasado 8 de febrero, cuando el caso de los expedientes de regulación de empleo -el de los ERE- , aún no se había agravado hasta la dimensión del tsunami de hoy, aunque ya aventuraba una buena marejada, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, informó de que la Intervención General de la Junta ya había señalado en un informe de 2005 su oposición al sistema de concesión de estas ayudas para prejubilados que otorgaba la Consejería de Empleo.

Vaya, Mar Moreno ponía el foco, como sin querer, sobre los antiguos gestores de la Consejería de Empleo, socialistas como ella, pero ya lejos del Gobierno, caso de los ex consejeros José Antonio Viera y, en especial, Antonio Fernández. Sin duda, ellos más responsables que el actual titular, Manuel Recio, comandado desde su llegada por Griñán para limpiar incluso lo que entonces no se conocía. Pero el fuego amigo es un arma cargada de diabluras. Así que la Intervención General. ¿El organismo adscrito, aunque independiente, de la Consejería de Hacienda? ¿Y en el año 2005? ¿Justo cuando Griñán, hoy presidente de la Junta, era precisamente el consejero de Economía y Hacienda?

No había que ser un Javier Arenas para darse cuenta de que Griñán, como consejero titular del departamento de los controles, debería conocer el informe citado por María del Mar Moreno, y tampoco había que pensar como un malvado Fouché para adivinar que este hecho sería aprovechado por el PP para añadir más fuerza a la marejada de los ERE. Al ser interrogada por ello ese mismo día, Mar Moreno contestó que el informe no era vinculante. Mala cosa: un político debería tener previsto cuantas repreguntas se sucederían tras tal información. Vale, Empleo, quizás, no hizo nada, ¿ y Hacienda?

El citado informe se conoció días después, mediante una filtración a El País. Y en cinco conclusiones, el interventor aseguraba que el procedimiento utilizado por Empleo "no se considera adecuado" y que las resoluciones previas a la concesión, así como las justificaciones posteriores al pago, se salvaban con dos cláusulas en todos los convenios donde se venía a decir que la documentación acreditativa de cada caso estaba en poder del director general de Trabajo, entonces Javier Guerrero, imputado por la jueza Mercedes Alaya e introductor de la memorable frase "fondo de reptiles" para definir el sistema.

Es cierto que el interventor no detectó las graves irregularidades conocidas hoy -59 personas señaladas como intrusos preceptores de ayudas para prejubilarse en empresas que ni vieron-, pero señaló que aquello no era lo más adecuado, por lo que prefería el sistema de "subvenciones excepcionales", un recorrido mucho más lento, pero más transparente y seguro. De algún modo, no halló la ilegalidad, pero avisó de los resquicios del procedimiento.

Carmen Martínez Aguayo no es Mar Moreno; la primera, la actual consejera de Hacienda, es una política que, posiblemente, nunca quiso ser política. Su honestidad raya en una transparente desnudez. El viernes pasado, en un encierro-encuentro con varios periodistas, la que fuera viceconsejera de Griñán en sus tiempos de Hacienda no sólo se colocó de parapeto delante suya ante las acusaciones del PP y mostró cuantos documentos se le solicitaron -aquello en muchos momento pareció un harakiri-, sino que aclaró algo de especial importancia: el sistema que adoptó la Consejería de Empleo era legal y la divergencia de opiniones con la Intervención General podía considerarse habitual en las administraciones. Nunca hubo, en su opinión, una señal de alarma, un "informe de actuación", así que ella nunca informó al consejero y hoy presidente de la Junta.

A pesar de sus explicaciones, se deduce que si alguien señala un problema y, posteriormente, éste se materializa en la inclusión de 59 intrusos, alguna razón debía tener. Aguayo mantuvo que, incluso, el mejor modelo guarda algún "resquicio" para el defraudador. Claro, pero también influye el tamaño del resquicio y la voluntad del mangante. En este caso, más que voluntad, hubo empecinamiento, y un aturdimiento difícilmente comprensible por parte de algunos responsables y ex altos cargos de la Junta. Mientras muchos se colocan de perfil o se esconden de futuros inciertos, Martínez Aguayo se inmola. Pero esto también es fuego amigo.