El Gobierno quiere crear un "mecanismo informático" para tener controladas las deudas de las empresas contratistas con cualquiera de las administraciones públicas (AAPP), bien sea la administración central, la local o la autonómica. El objetivo es "cruzar" los datos de todas ellas para que no se pague a estos contratistas si tienen deudas con cualquiera de las AAPP e "incrementar la recaudación".

Así aparece reflejado en el informe que ha realizado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y que ha recogido Europa Press. La normativa actual establece que para contratar con las administraciones públicas y para recibir ayudas de éstas, que las empresas deben cumplir el requisito de estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, según la CORA, debido al tiempo transcurrido desde que se tramita el gasto público hasta que efectivamente se paga, "no es extraño que se estén abonando créditos públicos a deudores de las AAPP".

Por ello, proponen crear un "mecanismo informático", donde los órganos de recaudación de las distintas AAPP puedan consultar los diferentes pagos presupuestarios a realizar y acordar el "embargo o compensación de los mismos". El objetivo que persigue el Ejecutivo con esta medida es doble. Por un lado, "el incremento de la recaudación" y por el otro, que "no se satisfaga ningún crédito público a quien no esté al corriente de pago de sus obligaciones con cualquier AAPP".

De haber estado ya en marcha esta medida, el promotor Miguel Ángel Flores no podría haber organizado la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, que se saldó con la muerte de cinco jóvenes dado que el empresario no estaba al corriente de pago con la Seguridad Social.

Por el momento, y desde el punto de vista legal, la CORA ha propuesto incorporar una disposición adicional en el anteproyecto de Ley de Factura Electrónica y Registro Único de Factura. De esta manera podrán realizarse las actuaciones de embargo o compensación que procedan.

El funcionamiento de este mecanismo tendría que regularse mediante un reglamento y obligaría a la Administración Central, la autonómica o la local a enviar a la Central de Información de Pagos la información de cada proveedor antes de efectuarle el pago.