Adeu, Catalunya

Los independentistas creen que la opción secesionista no tiene más coste que el de la creación de las estructuras de Estado, fácilmente sufragables con los mayores ingresos propios que esperan.

Rafael Salgueiro

26 de septiembre 2015 - 01:00

SER tratados como iguales, pero ¿iguales a quién? No ciudadano a ciudadano, sino como colectivo, el pueblo catalán y el pueblo español (sin ellos), la igualdad que entienden sólo se logra contando con un estado propio, de modo que por fraternales que fueren, las relaciones serán de la misma naturaleza internacional que las que tengamos con Bulgaria o con Dinamarca, por ejemplo.

El líder de ERC es el único que tiene un discurso coherente dentro del trío de la bencina que quiere liderar la secesión. Los otros dos son el gerente de una sociedad en comandita camuflada largo tiempo como partido político y ahora amenazado de extinción, y un oportunista que se disfrazó de civil para seguir en la política cuando ya se había agotado su carrera. Merece la pena detenerse en dos de los elementos del discurso del dirigente de Esquerra. Uno de ellos es que los independentistas habían sido hasta ahora una minoría, pero esta preferencia se ha generalizado entre la población en los últimos años. O que, al menos, es lo bastante generalizada como para apoyar las acciones del próximo ejecutivo catalán en esa dirección. No se ha medido esa supuesta generalización, pero aduce que se ha impedido evaluarla mediante un referéndum. ¿Que habría sido ilegal? Conforme, pero para eso hubiera bastado con la voluntad política de permitirlo. No es fácil rebatir a una persona que cree que la acción política está por encima de la Ley, o que puede superar los impedimentos que ésta establezca. Las elecciones catalanas no son un plebiscito, desde luego, pero no nos engañemos, no se estará votando la simple selección de un gobierno.

No han decidido quién sería el presidente ni parece que a los catalanes les haga falta saberlo. Han sabido definir muy bien el terreno, reduciendo el programa y la discusión al apoyo o no a su propuesta de iniciar la secesión. Y como ganen sabrán defender que ése es el mandato que han recibido y dirán ¿cómo vamos a desatender la voluntad de los ciudadanos expresada democráticamente? Es una falacia, claro, pero el nacionalismo es un asunto de los sentimientos y no de la razón, por eso es irracional. Pero para defender este flanco débil el sentimiento se ha recubierto con apariencia de razón, postulando que la independencia es la mejor opción para el futuro de Cataluña. Es "mejor opción", se ha ido configurando como tal por mucho que se les diga que es una mala opción, dadas sus previsibles/seguras (a elegir el término) consecuencias. La discusión está en su terreno, el de la propia existencia de la independencia como opción, ante lo cual los asuntos de ciudadanía, integración internacional o viabilidad económica pasan a un segundo nivel, el de lo discutible o, peor aún, el de lo opinable. Y los ciudadanos se preguntan, con razón ¿cómo es que no están claras estas cosas tan básicas? Obvio es que el secesionista toma ventaja de las incertidumbres que rodean a esos aspectos.

El actual Gobierno de España, al que le ha tocado lidiar con la embestida, ha tenido dos comportamientos sucesivos bien diferentes. Durante un tiempo negaba la mayor, que la independencia fuese una opción y, desde hace unos meses, habiendo logrado reducir el déficit público y salvar la crisis de liquidez de los gobiernos regionales, ha comenzado a discutir las consecuencias de esa opción, intensificándolo durante la campaña catalana. La estrategia no ha podido ser más lamentable. Naturalmente que tendrían que haber sido puestas de manifiesto las consecuencias económicas y políticas de la secesión, sabiendo manejar ésta en el terreno de lo hipotético y no en el de lo posible. Pero no ahora sino, por lo menos, desde la Diada de 2012. Y esto se habría podido hacer sin tener que reconocer la opción como tal, bastando con facilitar que se hubieran producido los estudios jurídicos, sociológicos, históricos y económicos rigurosos, de modo que hubieran emergido algunas islas indudables dentro del mar de confusiones en que se encuentra la ciudadanía (y algún que otro actor político).

Han sido voces aisladas las que se han pronunciado durante todo este tiempo, y esto no se remedia con el apoyo y las frases de destacados dirigentes políticos internacionales que en algún momento dejarán de serlo. Entre estas voces hay que mencionar el mérito del reciente libro de Borrell y Llorach Las cuentas y los cuentos de la independencia, con el único pero de que llega, me temo, demasiado tarde para evitar el soporte social a las acciones políticas que presumiblemente se van a emprender la semana que viene. Otras voces fueron Boadella, que en el libro cuyo título copio en este artículo describe con toda claridad la circunstancia catalana que le llevó a exiliarse a Madrid. O Vidal-Quadras, fulminado por su partido por defender lo que se supone que su partido tendría que defender. Y pidiendo perdón por la autocita hace ya varios años, tras una multitudinaria Diada, escribí aquí: "Els espanyols farem un bon negoci", señalando los factores económicos a tener en cuenta en una secesión; sigo pensando que puede ser un buen negocio siquiera sea porque dediquemos la energía política a los asuntos realmente importantes para la vida de las personas, amén de la ventaja de convertir en extranjero a un competidor ahora nacional.

El principal partido de la oposición no ha ayudado en nada, ni siquiera reconociendo su parte de responsabilidad derivada del buenismo de Zapatero; de la irresponsabilidad de formar un gobierno tripartito en Cataluña con resultados lamentables; y de la indefinición en que se mantienen con eso del federalismo, del cual no saben explicar cuál es la diferencia real con el estado autonómico. No obstante, sobre esto último y de Despeñaperros para abajo las ideas básicas sobre España y el Estado parecen estar bastante claras, lo cual es muy de agradecer y es debido reconocerlo.

De nada han servido las balanzas fiscales, entre otras cosas porque no hay una única buena metodología para realizarlas y, en todo caso, ponen de manifiesto una realidad evidente: Cataluña es un contribuyente neto al sistema de financiación, como corresponde a su nivel de renta. Lo curioso es que la contribución neta al presupuesto comunitario se aduzca como argumento positivo para la permanencia en la Unión Europea. Los cálculos de mayor ingreso para una hacienda propia varían entre 16.000 y 3.000 millones de euros o lo que es lo mismo, varían entre una ventaja descomunal y un "no merece la pena".

Qué significa en el fondo esto de la "mejor opción". Simplemente que un buen número de catalanes no aprecian ventaja de ningún tipo en la pertenencia o inclusión en España y tratan de rebatir el hecho de que esta pertenencia es lo que les hace formar parte de la Unión Europea, porque esto sí lo consideran imprescindible. Como hemos visto, se han minimizado los costes de la secesión o no se consideran realizables las amenazas de exclusión internacional que se han producido estas últimas semanas, de modo que, creen o les dicen, la opción secesionista no tiene más coste que el de la creación de las estructuras de Estado, fácilmente sufragables con los mayores ingresos propios que esperan. Se comprenden que así piensen cuando ya hay generación y media de ciudadanos educados en la creencia de que la coincidencia de Cataluña y España es sólo geográfica pero no histórica. Y que mejor les hubiera ido si se hubieran mantenido las anacrónicas instituciones que caracterizaron al último periodo de los Austrias.

Naturalmente, según algunos la Cataluña independiente se sustentará en instituciones más modernas que las actuales y en una administración mucho más eficiente, de primer nivel mundial. Esto se dice en algún informe en el que participan economistas muy respetados, pero sin hacerse la pregunta de qué es lo que les ha impedido crearlas desde el comienzo de su autonomía. Ése sí que era un "momento cero", pero no lo es que surja de la próxima semana. Seguirán con sus mismos políticos, la misma administración y los mismos intereses entremezclados que tienen ahora. No cabe esperar que los que gestionen la Cataluña independiente se comporten de forma diferente a los que han gestionado la Cataluña autonómica. Nadie puede defender que lo hayan hecho con brillantez y ejemplaridad y el nuevo estatuto no significaba sólo la asunción de más competencias centrales, sino y ante todo la creación de más Estado y mayor injerencia en la libertad de las personas y en la acción empresarial.

Pero sí hay que reconocer una cosa. Gran parte de su ciudadanía tiene una ilusión y cree que sus líderes políticos tienen un proyecto para su territorio y para su sociedad que va más allá de arreglar las cuentas públicas. Esto es lo que está ausente en el resto del país, y no es una diferencia menor.

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