LA declaración de ayer de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por lo que el nacionalismo catalán denomina la "jornada de participación" del pasado 9 de noviembre demuestra hasta qué punto ha llegado el desafío a todas las instituciones del Estado por parte de los partidarios de la independencia de esta comunidad autónoma. También pone en evidencia la huida hacia adelante emprendida por el presidente de la Generalitat en funciones desde que las tesis soberanistas saliesen seriamente perjudicadas en las urnas durante los pasados comicios autonómicos del 27 de septiembre.

Mas, que tuvo la suerte de que el día de la declaración coincidiese con el aniversario del fusilamiento por tropas franquistas del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys -con toda la carga simbólica que esto conlleva-, se presentó arropado por una multitud de ciudadanos y cargos públicos catalanes, que corearon consignas y tremolaron banderas a favor de la independencia en lo que se puede considerar un ejercicio de intimidación al Poder Judicial que es inadmisible en cualquier democracia avanzada del mundo, como es la española. A estas alturas resulta cansino repetir las lecciones de Montesquieu sobre la separación de poderes, pero hace ya tiempo que el nacionalismo catalán, con Mas a la cabeza, ha tomado el atajo del rupturismo y de la desobediencia a las instituciones democráticas, al menos en el plano simbólico.

Durante su declaración de ayer, Artur Mas se mostró responsable de la convocatoria del 9-N, es decir, del pseudoreferéndum por la independencia que fue expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional cuatro días antes de su celebración. El presidente de la Generalitat es consciente de que la imagen de mártir político le viene muy bien en unos momentos en los que está en duda su renovación en el cargo. Es decir, está usando una crisis política y judicial de primera magnitud en su interés personal. El político de Convergència rozó el cinismo cuando aseguró que el Gobierno Catalán no participó en la ejecución de la consulta ilegal y que fueron "los voluntarios" los que siguieron hacia adelante con el proyecto una vez se supo la suspensión del TC.

El que el presidente de una alta institución del Estado como es la Generalitat se permita presionar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con manifestantes en sus puertas y con proclamas políticas que lo acusan tácitamente de politizado es, sencillamente, inadmisible. Lo sucedido ayer es un paso más en un proceso de degradación política e institucional que debe cesar cuanto antes.