La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de suspensión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), al que imputa sendos delitos de falsedad documental y prevaricación por haber actuado supuestamente como regidor sobre una finca de su propiedad ubicada en suelo rústico pero que se vendió como si fuera urbano.

La acusación del Ministerio Público llega con un grave retraso debido a las paralizaciones que sufrió la causa en el juzgado al que correspondió la investigación, lo que podría incluso incidir en la posible prescripción del delito, ya que la petición de apertura de juicio oral se produce más de una década después de que se iniciara la investigación judicial en el año 2001.

El relato de hechos del Ministerio Público señala que siendo alcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla se inició la construcción de la urbanización Olivar de la Vega, en la que el Ayuntamiento propuso la creación de un acceso que atravesaba una finca rústica privada de la que el regidor era copropietario. El alcalde cedió 693 metros cuadrados, valorados en 1.455,30 euros, y a cambio se le eximió del pago de los costes de urbanización que le correspondieran y que ascendieron a 17.578,69 euros.

Como compensación por la cesión, se acordó también "recalificar un trozo de terreno" propiedad del imputado y su familia, un terreno de 3.000 metros cuadrados que tenía como suelo rústico un valor de 6.300 euros, pero que pasarían a valer como urbano 187.920,99 euros.

Los acuerdos, que "recibieron la firma y visto bueno del alcalde, que era el propio beneficiario de los mismos", fueron certificados por el entonces secretario municipal, Jaime F. F., a quien la Fiscalía también imputa un delito de falsedad documental y reclama una condena de dos años de suspensión para empleo o cargo público.