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Casi 30 municipios piden la revisión automática de sus valores catastrales

  • Entre ellos hay ocho con más de 20.000 habitantes. Hacienda les aplicará un coeficiente para actualizar el valor de sus inmuebles, que se ejecutará ya a partir del 1 de enero de 2017.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará en 2017 una revisión automática de los valores catastrales de los inmuebles en un total de 26 municipios sevillanos que, dentro del plazo que prevé la Ley del Catastro, lo han solicitado formalmente y cumplen los requisitos para ello. Entre otras cosas, es necesario que hayan transcurrido al menos cinco años desde que entró en vigor la última revisión general de esos valores y que se haya puesto de manifiesto que, incluso aunque haya transcurrido relativamente poco tiempo, se ha producido una modificación sustancial entre los valores del mercado y esos tipos.

Es decir, esta modalidad no es una revisión exahustiva o pormenorizada, sino que lo que hace la Dirección General del Catastro es aplicar un coeficiente, según el año de entrada en vigor de los valores catastrales, para multiplicarlos y cuyo resultado se aplica de forma automática a todos y cada uno de los edificios de cara al ejercicio siguiente. Los citados coeficicientes deben recogerse en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, de los que todavía no hay información. En cualquier caso, la fecha de entrada en vigor de los nuevos datos es el 1 de enero de 2017, con lo que ya se aplicarán de cara al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año que viene y a otros impuestos relacionados con la compra y venta de viviendas, por ejemplo.

Entre esos 26 municipios hay ocho que superan los 20.000 habitantes, según la relación que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de octubre. Se trata de Alcalá de Guadaíra (en donde el año de entrada en vigor de la ponencia de valores actual es 2010); Bormujos (también de 2010); Carmona (2001); La Rinconada (1996); Lebrija (2002); Mairena del Alcor (2003); Mairena del Aljarafe (2001); y Morón de la Frontera (en donde el Catastro hizo la última revisión general de los valores en el año 1997).

Con menor población, la actuación automática con aplicación de coeficientes se hará además en Almensilla (1999); Aznalcázar (2006); Aznalcóllar (2006); Castilblanco de los Arroyos (2008); Castilleja del Campo (2006); El Coronil (1995); El Garrobo (2008); El Pedroso (2008); Fuentes de Andalucía (2008); Gelves (2000); Huévar del Aljarafe (2010); La Campana (2007); Las Navas de la Concepción (2009); Lora del Río (2003); Los Molares (1995); Santiponce (1998); Valencina de la Concepción (1999); y Villaverde del Río (1998).

No necesariamente implicará una subida del valor catastral. En el caso de aquellos municipios cuya última revisión se hizo en plena burbuja inmobiliaria, puede implicar bajadas, ajustándose a los precios actuales del mercado. En todos los casos, los municipios que han entrado en esa revisión lo han solicitado, formalmente, antes del 31 mayo de 2016. No obstante, no son los únicos en los que se aplicarán esos coeficientes, sino que habrá algunos más. Los que se han acogido a las medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, previstas en el real decreto ley 8/2013, entrarán automáticamente en la revisión, para intentar cuadrar con el aumento de los ingresos vía impuestos sus cuentas.

Écija se queda fuera pese al acuerdo plenario

El grupo municipal de Écija Puede ha censurado que el  gobierno local del PSOE no haya solicitado la aplicación automática de estos coeficientes, que se aprobó en el Pleno con el único voto en contra del PSOE, y que, según estiman, hubiera supuesto una bajada de la contribución en 2017, puesto que la última revisión catastral se hizo en Écija en 2005, antes de la crisis, con lo que los valores están lejos de la realidad actual del mercado, algo que consideran "injusto". La revisión catastral se aprobó en el Pleno en septiembre de 2015 y fue propuesta por Écija Puede-Podemos. El PSOE justificó su oposición porque supondría un impacto negativo en la recaudación de las arcas municipales.

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