La suspensión de la actividad en la mina Cobre Las Cruces (CLC) -situada en los términos municipales de Salteras, Gerena y Guillena- es ya una decisión judicial, no de la Junta de Andalucía. Así lo recordó ayer Ecologistas en Acción en respuesta a una carta que CCOO, UGT y Confedem (la patronal de la minería) han remitido al presidente de la Junta, Manuel Chaves, para pedirle que agilice la reanudación de la actividad.

Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas, apuntó que el cierre de la explotación minera fue decidido por la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Sevilla, Ana Escribano, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente presentase una querella contra los responsables de la explotación a consecuencia de la contaminación con metales pesados del acuífero Niebla-Posadas y de otras irregularidades.

"CLC ha incumplido su propio proyecto contaminando el acuífero, del que se abastecen varias localidades para consumo humano", señaló Albarreal.