Un instituto de Las Cabezas de San Juan ha denegado el título de Secundaria a dos alumnas por no haber superado las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y Educación Ético-Cívica, respectivamente, el pasado curso 2009-2010, según ha denunciado la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Sevilla (Fecapa). Esta asociación ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero cuando el centro, tras revisar la decisión adoptada en septiembre sobre el mismo asunto, volvió a reiterar la denegación del título en ESO a estas alumnas.

Para la Fecapa, esta resolución "resulta arbitraria y contraria a derecho" porque, aunque las alumnas han superado todas las demás asignaturas con buenas calificaciones, ahora se las "está persiguiendo por no haber estudiado EpC". "Se las persigue a ellas porque sus padres han defendido su libertad religiosa y de conciencia, y se las quiere hacer repetir curso y denegar el título de ESO, con los que se las convierte en víctimas expiatorias", recalca el presidente de la federación, Carlos Seco. La Fecapa ha criticado que el equipo docente haya considerado que, al no cursar las citadas asignaturas, las estudiantes no hayan alcanzado las competencias y objetivos de "social y ciudadanía", "autonomía e iniciativa personal" y "aprender a aprender" que se exige para la obtención del título de Secundaria.

Esta última resolución ha sido tomada por el equipo docente después de que la Delegación Provincial de Educación resolviera el pasado 14 de octubre la reclamación formulada por las familias de las alumnas y reconociera que tenían derecho a obtener el título porque todos los departamentos del instituto, salvo el de Inglés, reconocieron que habían alcanzado las competencias y objetivos básicos de la etapa.

Por este motivo la Fecapa considera que la decisión final del centro es "incoherente y contraria a norma", por lo que lamenta que el equipo docente se haya "rebelado" contra la propia Delegación y haya decidido nuevamente denegar el título de ESO a estas alumnas, lo que supone un "grave atentado al derecho a la educación" de las mismas y "una grave lesión" al de las familias.