La juez Alaya pospone 'sine die' la declaración de Juan Guerra

Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobierno, no declarará finalmente este miércoles ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La magistrada decidiía este martes aplazar sine die su declaración como imputado por un delito de alzamiento de bienes a fin de desarrollar nuevas diligencias. Guerra estaba citado para prestar declaración en relación con la presunta venta de un piso de su propiedad que está sometido a un embargo, a pesar de que el imputado se había declarado insolvente a la hora de pagar las multas e indemnizaciones que la Justicia le impuso en el único proceso del denominado caso Guerra por el que fue condenado a una pena de prisión.

La Fiscalía de Sevilla es la que ha propiciado la nueva imputación del hermano del vicepresidente del Gobierno, después de que a finales del año pasado solicitara que se dedujera testimonio contra Juan Guerra por un posible alzamiento de bienes. La imputación deriva de la ejecución de la sentencia dictada en 1995 por el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, que condenó al hermano del ex vicepresidente a dos penas de un año de cárcel y a pagar una multa de 300.506,05 euros, así como a indemnizar a Hacienda con más de 326.000 euros por haber defraudado en los ejercicios de 1988 y 1989 unos 250.000 euros a través de la empresa El Corral de la Parra.

La sentencia que condenó a Juan Guerra y a su socio Juan José Arenas Casas fue ratificada en 1997 por la Audiencia de Sevilla y, posteriormente, por el Tribunal Constitucional en el año 2001. El Alto Tribunal desestimó el recurso de amparo de Juan Guerra, aunque esta sentencia incluía un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga en el que denunciaba que el hermano del ex vicepresidente del Gobierno había sido víctima de un "proceso inquisitorial" y de una instrucción judicial "cuasi demoníaca". Cuando esta sentencia volvió al juzgado de lo Penal para su ejecución, Juan Guerra se declaró insolvente.

El juez suspendió el ingreso en prisión del empresario, una decisión que contó con el apoyo de la Fiscalía hispalense, ya que reunía los requisitos porque la otra condena que pesaba contra él era sólo por un delito de prevaricación. En este caso, Guerra había sido condenado a seis años y seis meses de inhabilitación por haber mediado en la recalificación de unos terrenos en Alcalá de Guadaíra.

La causa ejecutoria del juzgado de lo Penal número 4 fue archivada después de que la Agencia Tributaria considerase que la indemnización era incobrable, pero la Fiscalía hispalense decidió denunciar a Juan Guerra por estimar que éste podría haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes cuya investigación ha recaído ahora en la juez Mercedes Alaya, que instruye causas como las irregularidades de Mercasevilla, la trama de los ERE o el delito societario que se atribuye al ex accionista mayoritario del Betis Manuel Ruiz de Lopera.