Multa económica contra los promotores de la Torre Cajasol. La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, abrió hace dos meses un expediente sancionador por un importe de 140.000 euros al apreciar un incumplimiento de los requerimientos de seguridad aérea.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, que se reunió este miércoles en el Ayuntamiento con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el proyecto de la torre incumple el ordenamiento jurídico y los requerimientos de seguridad aérea. La ministra se referió expresamente a la "invasión del espacio aérero" y al "incumplimiento del ordenamiento jurídico" al ofrecer información sobre una multa de la que no dio más detalles.

Fuentes municipales explicaron posteriormente que el origen de este problema es que el Plan General (PGOU) de Sevilla vulnera la normativa estatal al no recoger la obligación de informar a las autoridades aéreas de los edificios de cierta altura. El anterior gobierno local, presidido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, no pidió autorización a la agencia española de seguridad aérea por invasión del espacio aéreo cuando concedió las licencias para la construcción de la torre Pelli, de 180 metros de altura y 43 plantas, según preciso la propia ministra de Fomento.

La próxima semana se reunirán en Madrid técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y del Ministerio de Fomento para examinar las actuaciones de futuro en relación con la torre, marcada por la polémica a raíz de un informe de Icomos para la Unesco en el que se alerta del impacto que tendría el rascacielos en el conjunto declarado como patrimonio de la Humanidad de la ciudad, compuesto por la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias.

El plazo para resolver dicho expediente sancionador es de dos meses y están a punto de cumplirse, concluyó la ministra.

Por su parte, los servicios jurídicos de Cajasol anunciaron este miércoles que han iniciado el procedimiento para recurrir por la vía contencioso administrativa la sanción. La sociedad promotora de la torre, Puerto Triana -participada en su mayoría por Cajasol- ha indicado que la sanción se basa en que "no hubo petición ni solicitud ni autorización a AESA ante una presunta invasión de la zona de servidumbre aeronáutica".

Las fuentes cercanas a la entidad consultadas apuntan a que "se ha actuado según la norma, puesto que el Plan General de Ordenación Urbana de 2006, aprobado por el anterior equipo de gobierno municipal "determinaba que no había servidumbre aérea en esa zona, por lo que no era necesario pedir los permisos a AESA para edificar la torre".

Esas mismas fuentes aseguran que "la solicitud de autorización a AESA por invasión del espacio aéreo no le corresponde hacerla a la entidad promotora de un edificio sino que debía hacerlo el Ayuntamiento de la ciudad en que se construyen estos edificios de altura" y añaden que "en este caso el anterior equipo de gobierno municipal del Consistorio sevillano entendía que no había que pedir ningún tipo de permiso ni autorización".

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aseguró esta semana que no permitirá que en la ciudad se trabaje "a golpe de capricho u ocurrencia" y que no consentirá que se "tire por la borda" el reconocimiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad y el mantenimiento de la seguridad jurídica, las claves de un discurso que llevará a su reunión con el comité español de Icomos. Aseguró que dedicará "todas las horas del mundo" para analizar la situación y apostó por ir "de la mano" con el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía.