Un clamor unánime contra las reformas. Más de 400 profesionales de la Justicia, entre jueces, fiscales, abogados, procuradores y graduados sociales se han concentrado este viernes a las puertas de la Audiencia de Sevilla para reclamar más inversiones para la Justicia y en rechazo de la ley de tasas que entró en vigor este jueves.  En el acto, que se ha repetido a nivel nacional en todas las sedes judiciales, el representante del Poder Judicial para Andalucía Occidental, el magistrado Antonio Reinoso, ha dado lectura a un comunicado realizado por la comisión interasociativa de jueces y fiscales, en el que estos profesionales muestran su preocupación por la situación de la Justicia y por la prestación de una “Justicia de calidad” a los ciudadanos.

Las carreras judicial y fiscal exigen, entre otras medidas, la retirada inmediata del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”, y el mantenimiento de la actual estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y potenciar el Consejo Fiscal. También reclaman el aumento de las plaza de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la medida europea –debiendo convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas-, así como que se dote a la Justicia de los medios humanos y materiales necesarios.

Los profesionales piden asimismo la adopción de medidas para paliar “el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y fiscalías” y unas tasas judiciales “que no limiten el acceso a los ciudadanos a la Justicia”. “Con estas propuestas queremos hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos, recordando que la Justicia no puede ser vista como un problema, sino como elemento esencial de la solución”, añadió el magistrado.

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, ha recordado que los jueces llevan muchos años reclamando que la situación de la Justicia “no era posible mantenerla, por el colapso y la carga de trabajo”, y añadió que la única intención de los profesionales está en “prestar una justicia de calidad a los ciudadanos”.

Guerrero ha dicho que la Administración de Justicia es fundamental para los ciudadanos y está “al mismo nivel que otros servicios públicos como la educación o la sanidad”.

Preguntado sobre la posibilidad de que en diciembre se dejen de celebrar juicios durante varios días, como una medida de presión más, el decano ha apuntado que esta medida “no está madura” todavía y ha recordado que es la comisión interasociativa de las carreras judicial y fiscal la que debe adoptar cualquier propuesta en este sentido. El decano ha asegurado que de momento “no descartan nada ni ninguna medida, como los paros parciales o la huelga”, aunque ha reiterado que hoy sólo se había propuesto esta concentración.

La fiscal Isabel Vázquez, delegada de la Asociación de Fiscales pero que en la concentración representa a las distintas asociaciones de fiscales integradas en la plataforma, ha coincidido en que la posibilidad de no celebrar juicios durante varios días es una de las ideas que se está barajando, porque la negociación con el Ministerio de Justicia sigue siendo “nula” e incluso se ha solicitado una entrevista con todos lo partidos políticos con representación parlamentaria que no ha sido atendida por ninguna de las formaciones. La fiscal no descartó que tengan que adoptarse medidas más drásticas. “Me temo que sí, que lo próximo serán los paros parciales y después la huelga” si no se llega a un acuerdo con el Ministerio, ha agregado Isabel Vázquez, que ha recordado que esta es la “primera vez en la historia” que ambas carreras se han unido  para denunciar la situación de la Justicia y las reformas que, como en el caso de la ley orgánica del Poder Judicial, pretenden “minar la independencia y autonomía de los jueces”.

El decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha señalado que el Ministerio debe atender a este “clamor de la Justicia” porque ha conseguido “ponernos a todos de acuerdo” contra las reformas y ha indicado que el Gobierno “ha de rectificar en ésta y otras medidas” como la ley de tasas, que es “gravemente contraproducente”.

Gallardo ha dicho que a los abogados les queda una de las partes más difíciles tras la entrada en vigor de la ley de tasas, puesto que tienen que explicarle a los ciudadanos que “sus pleitos se van a resolver en dos o tres años y que además tendrán que pagar 200 euros para recurrir” y es “duro para los profesionales tener que explicar esto a los justiciables”.

En la concentración de los procuradores se han gritado diversas consignas contra la ley de tasas. Algunos procuradores portaban carteles en los que se podía leer "Gallardón, qué decepción, queremos dimisión", "la Justicia para ricos no es la solución” y "Gallardón, pagando más impuestos no se arreglará esto".

La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Ángeles Muñoz, ha leído un manifiesto de protesta contra la implantación de las tasas y el perjuicio que supone para el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por parte de los jueces y tribunales. En declaraciones a este periódico, María Ángeles Muñoz ha asegurado que no cabe duda que con esta ley "la Justicia se está enfocando para ricos y pobres", puesto que sólo podrán ejercer plenamente sus derechos quienes puedan abonar las tasas y, aquellas personas con unos recursos mínimos que tengan derecho a la justicia gratuita.

La decana de los procuradores ha vaticinado que habrá bufetes de abogados y procuradores que se verán obligados a "cerrar" como consecuencia de la reducción de los procedimientos motivada por el pago de las tasas. María Ángeles Muñoz ha cifrado en un 50% la posible caída de la actividad de los procuradores por el descenso de la litigiosidad.La decana señaló que está en contra de la "cuantía de las tasas", no del modelo, por cuanto los aranceles acordados son "totalmente excesivos", al tiempo que señaló que no comprende que se vaya a dedicar la recaudación para afrontar el pago de la Justicia gratuita y no a mejorar las infraestructuras judiciales.