Zoido tiene en el aire más de un millón de euros en multas impagadas por las botellonas y los gorrillas. La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla tiene 8.151 sanciones pendientes de cobro por la celebración de botellonas en la vía pública, de ahí que este verano haya recurrido nuevamente al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para intentar el cobro de varios centenares de sanciones por la vía ejecutiva. De esas más de ocho mil multas vigentes ya hay 2.055 por la vía ejecutiva con las correspondientes providencias de embargo, así como recargos, apremios e intereses. Y un total de 6.096 se encuentran aún en procedimiento meramente sancionador a la espera de que sean abonadas en período voluntario. Los edictos del BOP reflejan los lugares donde se impuso cada sanción por los agentes de la Policía Local, de entre los que destacan por la frecuencia calles como Don Alonso el Sabio y Pérez Galdós (sector Alfalfa), Remeros de Sevilla, Virgen de la Antigua, Virgen de Loreto y Avenida Flota de Indias (Remedios), Don Fadrique (zona próxima al Parlamento de Andalucía). La inmensa mayoría de las multas por botellonas son de 100 euros, lo que supone que el Ayuntamiento tiene pendientes de cobro más de 815.000 euros por este concepto. La Hacienda local ha logrado el cobro en lo que va de mandato municipal de 3.753 sanciones durante el procedimiento sancionador y de 236 en la ejecutiva, embolsándose cerca de 400.000 euros aproximadamente en dos años.

Los resultados de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento en cuanto a la gestión de cobro de las multas que se imponen a los gorrillas son bastante deficientes, sobre todo por la imposibilidad de practicar los embargos en la vía ejecutiva. El Ayuntamiento se ha cobrado 194 sanciones en los que va de mandato en el procedimiento sancionador, lo que no llega a 6.000 euros. De las 107 que han entrado en la vía ejecutiva no se ha conseguido aún cobrar ninguna multa por la vía del embargo al no presentar los aparcacoches ilegales ni cuentas bancarias ni propiedades sobre las que cobrarse la deuda. La Hacienda local tramita en la actualidad 6.841, lo que supone unos 200.000 euros si se tiene en cuenta que estas multas son de 30 euros.

El gobierno local considera que durante los dos primeros años de mandato ha dado un "empuje insólito" a asuntos clave para la convivencia de los ciudadanos que estaban "enquistados" en la ciudad, entre ellos lucha contra la botellona y los gorrillas. Los datos estadísticos avalan el trabajo que está desarrollando la Policía Local para velar por el cumplimiento de las ordenanzas y mejorar la calidad de vida de los sevillanos, según fuentes municipales. El Ayuntamiento admite que ninguno de los fenómenos está erradicado: "Porque ambas son cuestiones muy delicadas y con muchos matices, pero es evidente que se están empezando a notar los frutos de las actuaciones". El gobierno presume de haber acabado mediante dispositivos preventivos con las macrobotellonas, como las que se celebraban habitualmente en la Cartuja, en algún caso con consecuencias trágicas. "Es cierto que aún persisten algunos focos pero se han conseguido reducir en las zonas donde causaban más molestias a los vecinos. No obstante, se actúa y con resultados, como demuestran los datos".

La lucha contra la botellona tiene también un precio en cuanto al coste del dispositivo de limpieza, en torno al millón de euros anuales. El gobierno también recuerda que en junio de 2012 entró en vigor el plan especial de actuación contra los gorrillas, lo que se ha traducido en el número de multas impuestas que, aunque son de difícil cobro, buscan el efecto de disuadir a los aparcacoches ilegales. "Aunque el porcentaje de multas aún no es demasiado elevado, hay que tener en cuenta que se partía de las cero denuncias impuestas por el anterior gobierno, por lo que el aumento es considerable".

Con la ley antibotellona también pasó algo similar en sus inicios. Entró en vigor en 2006. Los primeros años no se caracterizaron precisamente por la actividad sancionadora de la Policía Local. En 2009, por ejemplo, sólo se recaudaron 105 euros por multas al amparo de esta normativa. Y en 2008 la recaudación fue de cero euros, cuando la ley apenas llevaba dos años vigente después de haber sido presentada como el instrumento legal que -sobre el papel- debía reforzar a los ayuntamientos en la lucha contra la ocupación de la vía pública para el consumo de alcohol con las consiguientes molestias para los vecinos.