La asociación empresarial de constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) va a poner en las próximas semanas en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla la situación de absoluta asfixia económica que sufren pequeños y medianos promotores familiares de seis promociones de VPO a los que el Ministerio concedió dos millones de euros en ayudas finalistas que debían abonarse a través de la Junta de Andalucía. 

"De aquí a diciembre", Gaesco pedirá a la Fiscalía que estudie si la Junta cometido un delito, puesto que el dinero no ha llegado a sus destinatarios y está retenido, en algunos casos desde hace dos años. La patronal tiene los expedientes donde el Ministerio acredita que el Gobierno ha enviado ya a la Junta cantidades para esos promotores que suman dos millones de euros. 

La situación es crítica para estos promotores: sin esas ayudas no pueden hacer frente a las cuotas de los préstamos hipotecarios que les están llegando y tendrán que cerrar y despedir a su plantilla, advirtió el gerente. "Estas empresas han hecho las cuentas teniendo en cuenta estas ayudas que no les llegan", explicó el gerente Juan Aguilera. 

Aguilera lamentó este miércoles que han agotado sin éxito todas las vías posibles de diálogo y negociación con la Administración andaluza, concretamente con las consejerías de Hacienda, Fomento y Presidencia, que no aclaran qué se ha hecho con este dinero finalista. "Iniciamos las actuaciones jurídicas porque no sabemos qué podemos hacer más y tampoco nos dan siquiera un plazo de pago", se quejó Aguilera. 

"Todos los resortes amistosos se han agotado. Vamos a utilizar todas las jurisdicciones competentes sin excluir la penal porque pueden existir mimbres de esa naturaleza, puesto que el Ministerio ha dado fondos a la Junta pero esos fondos no han llegado al bolsillo del beneficiario final", aclaró el secretario de Gaesco, Marcos Cañada. La clave de esta denuncia penal es que el dinero es finalista y no puede gastarse en nada más: tiene un destinatario con nombres y apellidos. 

A preguntas de la prensa, el gerente de Gaesco reiteró que esta vez no se echarán atrás en sus denuncias porque el sector a nivel andaluz ha abordado el tema de los impagos en profundidad en el seno de la patronal Fadeco y ha acordado reclamar judicialmente las cantidades. 

A finales de 2010 la patronal de los constructores y promotores dio marcha atrás a su anuncio de inminente denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla de Monteseirín por los 172 millones de euros del Plan General (PGOU) que se gastó el Consistorio en proyectos ajenos a los convenios urbanísticos que firmaron los operadores de suelo para construir los sistemas e infraestructuras generales de la ciudad. La mitad de ese dinero se desvió a las obras de la Encarnación y el carril bici, y el resto al plan de barrios, la Alameda, los nuevos parques, etcétera. 

Aparte de denunciar en Fiscalía la retención de los dos millones finalistas, la patronal prepara también para presentar de aquí a diciembre recursos judiciales para reclamar los 7,5 millones de euros en total que suman los impagos en ayudas a promotores de viviendas en Sevilla. En toda Andalucía esta cifra se eleva a 18 millones de euros que debían haber librado las dos administraciones: Junta y Estado. El dinero es para ayudar a afrontar préstamos hipotecarios y como subvención al promotor. 

Gaesco celebró que desde el lunes se está empezando a pagar la deuda de 400 millones con grandes contratistas de obra pública pendientes del pago de la Junta de Andalucía sobre todo. Se trata del tercer plan de pago a proveedores con los fondos de liquidez autonómica. 

La patronal reclama a la Junta que no redacte nuevos planes de vivienda en Andalucía sin abonar el dinero que debe a los promotores y constructores. No ve que la Junta esté bajando impuestos para la vivienda, frente a lo que sucede en otras comunidades como Madrid, y opina que la vivienda se ha puesto "en niveles fiscales imposibles de atender".