Intentar paliar los efectos del nuevo decreto de becas en la comunidad universitaria. Éste es el fin que persigue el convenio firmado ayer entre la Diputación, la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide mediante el cual se destinarán 30.000 euros a atender a los alumnos que presenten más dificultades económicas.

Dicho acuerdo comenzó a gestarse a principios del pasado verano, después de que el ministerio que dirige José Ignacio Wert estableciera las nuevas condiciones para el acceso a las becas. En aquel momento, tanto el presidente de la Administración provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, como el rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, y el de la Olavide, Vicente Guzmán, buscaron un cauce mediante el cual se apoyara a los universitarios que quedasen fuera de las ayudas públicas tras los requisitos gubernamentales.

El propio Villalobos fijó entonces la cantidad de 30.000 euros para dicho fondo, que desde un principio se decidió que sería gestionado por las dos instituciones académicas. Esta cifra fue confirmada ayer en la firma del convenio. De ellos, 20.000 irán destinados a la Universidad de Sevilla y otros 10.000 a la Pablo de Olavide. Las ayudas servirán sobre todo para pagar el alojamiento, transporte y comida.

Dicha cantidad podría ser ampliada en función de las necesidades que se detecten. En este sentido, el rector de la Hispalense pone como ejemplo que esta universidad ha gastado durante el presente ejercicio 170.000 euros en ayudas sociales extraordinarias, de las que cita las 20.000 comidas gratuitas que reparten cada curso entre el alumnado.

Su homólogo en la Olavide llega a cuantificar entre unos 600 y 700 el número de estudiantes que podrían quedarse sin acceder a la enseñanza superior o incluso interrumpirla por el nuevo decreto de becas. Esta situación ha provocado que la UPO haya intervenido en 50 casos de alumnos con problemas económicos en el primer trimestre. No obstante, Vicente Guzmán teme que los problemas aumenten en este segundo semestre, cuando el Gobierno haga públicas las denegaciones de becas.

En la reunión mantenida en verano Villalobos adelantó que negociaba con diversos alcaldes para que reservaran una partida de entre 6.000 y 8.000 euros para los universitarios más necesitados. También los rectores avanzaron que intentarían que Renfe y el Consorcio Metropolitano de Transportes redujera las tarifas para dichos estudiantes. De estas dos medidas nada se habló ayer.