El empresario y los dos funcionarios municipales sevillanos encarcelados el pasado 19 de diciembre en la segunda fase de la operación Madeja por presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla han pedido su libertad incondicional o, de manera alternativa, bajo fianza.

Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que el empresario de Fitonovo, José Antonio González Baró, ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla, mientras que Francisco Amores, ex jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, y Francisco Luis Huertas, responsable de conservación del Parque de María Luisa, lo han hecho en reforma ante la juez instructora, Mercedes Alaya.

Las defensas alegan que sus clientes tienen arraigo en Sevilla y que no hay riesgo de fuga ni de que destruyan pruebas, ya que sus oficinas fueron registradas por la Guardia Civil, que se incautó de toda la documentación que consideró relevante.

Además, la defensa entiende que los presuntos delitos que se imputan a los encarcelados no justifican una medida de prisión y se produjeron antes de la reforma legal de 2010, cuando la entrega de dádivas a funcionarios no estaba sancionada si se hacía con posterioridad y en señal de "recompensa" por la realización de actos propios de su cargo.

En la madrugada del pasado 19 de diciembre, Alaya decretó prisión sin fianza para Francisco Amores y José Antonio González Baró, mientras que para Francisco Luis Huertas ordenó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, que el imputado declaró no tener.

Según informaron fuentes del caso a Efe, el abogado de Amores presentó su recurso el 23 de diciembre y alegó que el imputado no puede destruir pruebas porque sus oficinas en el servicio de Parques y Jardines de Sevilla fueron registradas por la Guardia Civil. Además, es un funcionario sin bienes ya que su única posesión es una casa de campo en Ayamonte (Huelva). Amores negó ante la juez haber recibido 25.000 euros de la empresa Jardines y Riegos Al Andalus, una de las investigadas por el presunto pago de sobornos a funcionarios municipales a cambio de contratos del Ayuntamiento.

Esta nueva fase de la operación se desencadenó el 16 de diciembre tras un presunto error de Alaya en el auto de prórroga del secreto sumarial, cuando desveló que había ordenado pinchar una decena de teléfonos de empresarios y funcionarios municipales.

Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, fue destituido el 16 de diciembre por el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.

Alaya ha tenido a una decena de personas en prisión en distintas etapas de la investigación de los casos Mercasevilla y de los ERE falsos, pero en la actualidad sólo mantiene en la cárcel a estos tres imputados de la Operación Madeja y a dos directivos de la aseguradora Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, acusados de cobrar sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde volvió a defender ayer la honorabilidad del ex concejal popular Joaquín Peña."Es una persona honorable", dijo y se mostró convencido de que Peña "no ha hecho nada mal", pero su imputación le obligaba a destituirle.

En una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press, Zoido rememoró el cese de Joaquín Peña. "La Guardia Civil le leyó sus derechos y le dijo que se le iba a tomar declaración como imputado", explicó el alcalde, quien defiende "el derecho a la presunción de inocencia" pero resuelve que al ser imputado "le inhabilitaba para ser director general en mi equipo de gobierno".

Zoido dijo estar "deseando que quede libre de toda culpa, como de hecho creo que así va a ser". El gobierno local aprobó hace días designar al ingeniero industrial Francisco José Ibáñez de Navarra Quintero, como nuevo director general de Medio Ambiente, Parques y Jardines, en sustitución de Joaquín Peña.