El portavoz de Izquierda Plural en el Congreso y diputado de IU por Sevilla, José Luis Centella, lamentó ayer que "todas las administraciones, desde el Estdo a la Junta, están siendo injustas con Sevilla en inversiones y planificación" de proyectos y consideró que "hay cierto complejo de contentar a otras provincias antes que a Sevilla", con lo que al final las necesidades de la capital y su provincia quedan siempre en segundo plano, mientras otros territorios andaluces tienen más proyección.

En un almuerzo con la prensa celebrado en el Parlamento andaluz, Centella afirmó que echa de menos una movilización ciudadana "para que Sevilla cuente más en los presupuestos" de las administraciones estatales y de la Junta de Andalucía. Y citó que los sevillanos deberían ser más reinvidicativos en reclamar inversiones que palíen los retrasos en el Cercanías, en las rondas de circunvalación, las comunicaciones en general de Sevilla, y en la recuperación de los Astilleros.

El diputado por Sevilla recalcó que la provincia "tiene potencialidades" en agricultura, turismo e infraestructuras de comunicación con las que puede encontrar su espacio sin necesidad de depender de celebraciones puntuales como una Expo o un Mundial.

Por la mañana, Centella acudió junto al coordinador de IU en Sevilla, Manuel Gutiérrez Arregui, al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para pedir que abra una investigación sobre la propuesta de sanción que han recibido unos 30 cargos de IU, con importes que alcanzan los 30.000 euros, por participar en manifestaciones en la provincia.

Antes de ser recibidos por Maeztu, Centella y Arregui explicaron que el Defensor del Pueblo tiene que intervenir y situar claramente que los derechos de reunión, manifestación o de libertad de expresión "están por encima de cualquier otro derecho que el PP quiera plantear". IU ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso para abordar este asunto.

Gutiérrez Arregui precisó que las sanciones han sido impuestas a compañeros de Espartinas, Utrera, Osuna, Martín de la Jara, Los Corrales o Pilas, entre otras. "Sin renunciar a la estrategia del palo y de la porra, el Gobierno aplica ahora la sanción, una manera de reprimir mucho más difícil de entender por la ciudadanía porque ataca a los bolsillos y lleva a que la gente calle", concluyó.