Cuando los sevillanos que emigraron al extranjero en los años 60 y 70 empezaban a cobrar en España una pensión del país donde trabajaron, antes acudían a la Delegación de Hacienda y preguntaban si debían hacerla constar en sus declaraciones. Siempre les decían que no. Nunca aparecieron en sus borradores, aunque la Agencia Tributaria tenía constancia de que las cobraban. Todo cambió en mayo de 2013. Desde esa fecha miles de emigrantes retornados empezaron a recibir notificaciones exigiéndoles el pago desde 2008. El fisco les reclama los impuestos nunca abonados, pero también un recargo y una multa. Las cantidades reclamadas oscilan entre los 2.000 y los 12.000 euros. Hay más de 180.000 afectados en Andalucía, 40.000 de la provincia de Sevilla.

Entre ellos está Ángel López, quien viajó a Francia a ganarse la vida huyendo de la falta de oportunidades que ofrecía el país, una historia que se repite en la actualidad. Tras jubilarse en 2007, parte de su pensión procede del Estado francés por los años cotizados allí en una fábrica de neumáticos. Año tras año, cuando acudía a las oficinas de la Agencia Tributaria a hacer su declaración de la Renta, le decían que la parte de la pensión procedente del extranjero no tenía que declararla. Todo cambió el pasado junio cuando recibió un requerimiento del Ministerio de Hacienda reclamándole con efectos retroactivos el pago de la tributación correspondiente más los intereses de demora. "Cuando fui a hacer la declaración el año pasado dije que quería declarar los ingresos correspondientes a 2012 y me seguían diciendo que no hacía falta", relata López, que ha recurrido cada uno de los tres escritos que desde junio ha recibido de Hacienda demandándole 1.800 euros por los 5.000 euros que cobró durante 2008, más 406 de intereses de demora.

La presidenta de la Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados (ASER), Rocío Abad, asegura durante la manifestación de los afectados ante la Delegación de Hacienda que se ha encontrado con lo que no duda en definir como "uno de los mayores problemas que ha tenido este colectivo tras la emigración". Ella se enfrenta al drama que se esconde detrás de las frías notificaciones.

"De acuerdo con la información que obra en poder de la Administración, se pone de manifiesto que el contribuyente ha percibido en 2008 rendimientos derivados de pensiones en el extranjero (…) y está obligado a presentar declaración anual del IRPF", reza la carta de Hacienda.

"Todos los afectados son personas muy mayores. Nunca ha habido una mala intención. Muchos se preocuparon en saber si tenían que declarar ese dinero o no junto a las pensiones que reciben en España y siempre les dijeron que no", lamenta Abad, quien avisa, además, de que en algunas delegaciones, y a pesar de estas notificaciones, siguen negando hoy la necesidad de declarar esas cantidades.

Durante muchos años, desde que se produjo el retorno, la asociación ha ayudado a miles de personas a reclamar el cobro de una pensión en el extranjero por haber trabajado fuera. No siempre ha sido fácil. Ahora, el Gobierno aplica una ley aprobada en 2006 por el Ejecutivo de Zapatero. "El colectivo no se niega a declararla si es lo que marca la ley, pero rechaza que se aplique con carácter retroactivo, el recargo y la multa", explica Abad.