Las asociaciones de víctimas del amianto (Avida) de toda España y la federación nacional de colectivos de afectados acudieron este lunes a Sevilla para dar su apoyo a los demandantes en el segundo juicio social colectivo de afectados de la antigua fábrica de Uralita. Su presidente, Juan Carlos Paúl, recalcó la urgencia de que España acceda a la recomendación europea de crear un fondo de compensación público-privado para indemnizar a todas las víctimas según el grado de la enfermedad que padezcan. 

Se trata de evitar lo que sucede ahora: que el pago de las indemnizaciones depende de largos y costosos procesos judiciales. Decenas de ex trabajadores enfermos mueren antes del juicio, como ha pasado en Sevilla. Y si las indemnizaciones llegan, su cuantía queda a criterio del juez. 

Este fondo de compensación fue una recomendación de la Unión Europea en una Directiva de 2003, explica Avida. Ya lo aplican países como Francia y Bélgica, e incluso Italia está en proceso de constituirlo. Se fija una baremación de las enfermedades causadas por el amianto y en función de ello se pagan las indemnizaciones. La aportación de dinero se hace en su mayor parte por las empresas implicadas, que ponen un 60% del fondo, y el 40% lo aporta el Estado como responsable subsidiario. 

Los sucesivos gobiernos de España han rechazado siempre la creación de este fondo, pero las entidades esperan que el director general de Seguridad Social, Tomás Burgos, tome cartas en el asunto en una reunión que debe celebrarse la próxima semana. 

Avida le reiterará al director de Seguridad Social que España se acoja al fondo de compensación y se acaben los juicios, y que se ponga fin a la resistencia en el último año a reconocer las dolencias del amianto como enfermedad profesional. "Los especialistas médicos hacen un diagnóstico de que la enfermedad está relacionada con el amianto, pero luego el equipo de valoración de la Seguridad Social ofrece un diagnóstico contrario. Ésta es la tendencia en el último año con gran parte de los enfermos", lamenta Paúl. El dirigente critica que "hay que litigar la enfermedad profesional cuando mundialmente es algo reconocido que se producen en el ámbito profesional". 

La asociación ve "lamentable" que los enfermos tengan que recurrir a tribunales para las indemnizaciones porque "el plazo de prescripción para reclamar los derechos es de sólo de un año, cuando la enfermedad tarda en aparecer de 30 a 40 años después de la contaminación". En segundo lugar, añade que "las empresas recurren constantemente la decisión de los jueces, mientras los trabajadores van falleciendo sin ver Justicia". En Sevilla desde que se ha presentado la demanda hasta el día del juicio han muerto dos trabajadores y antes de la demanda cuatro más. Sufrían asbestosis y cáncer de pleura (mesotelioma) en su mayor parte. Los demandantes son 24 ex trabajadores y las viudas y familias de seis fallecidos. 

Avida urge también a crear un censo real de afectados por amianto que en España no existe, aun cuando afecta a empleados de Astilleros, del sector del automóvil, de las empresas de reparación, y a las familias y vecinos que viven cerca de las fábricas. Sólo hay estimaciones. Lo mismo sucede en Andalucía. "En España la dificultad siempre ha sido que hay miedo a medir el problema porque hay que acompañarlo de presupuesto. Hay una estrategia de dilación: cuanto más se tarde en abordar el problema, menos tiempo quedará para asistencia", denuncia Paúl. 

Desde Andalucía, el presidente de Avida, Antonio Delgado, lamentaba este lunes a las puertas de los Juzgados de lo Social el suplicio de los afectados. Él mismo, que sufre asbestosis tras años trabajando en Uralita de Sevilla, no ha podido reclamar al haber prescrito la posibilidad. "La Justicia hace una interpretación errónea de la prescripción de los casos. Se interpreta la enfermedad como una foto fija aún cuando hay una evolución progresiva en el tiempo. En las primeras pruebas el enfermo puede tener síntomas de bronquitis, pero en años siguientes deriva en placas pleurales y finalmente padece cáncer. Entonces ¿a partir de qué documento médico se establece que ha prescrito la posibilidad de reclamar si el enfermo va empeorando continuamente?", critica el dirigente andaluz. 

Delgado denuncia este criterio mientras "los especialistas médicos y enfermeros de hospital tienen el beneficio de que sus dolencias no prescriben en el tiempo", lo que supone "una flagrante discriminación". Al no poder reclamar todos los enfermos de Uralita "seguimos apareciendo en juicios una mínima parte de los afectados. Tiene que haber un cambio de legislación. Uralita cesó su actividad en 1999 y a estas alturas están apareciendo enfermedades. Es totalmente injusto", se queja Delgado. El juicio acaba mañana.