Antonia Quesada es secretaria de formación de USO, sindicato minoritario que, sin embargo, adquiere gran importancia en cuanto a afiliación de maestros y profesores que imparten clases de Religión. Durante las últimas semanas muchos de estos docentes se han puesto en contacto con dicha central sindical preocupados por la intención de la Junta de acogerse al mínimo de horas establecida por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para impartir esta enseñanza. Se trata de una medida, anunciada por el consejero de Educación, Luciano Alonso, con la que se intenta minimizar los efectos que tendrá en la enseñanza pública la mencionada ley, que será recurrida por el Gobierno andaluz el 4 de marzo. Este enfrentamiento con el Ministerio que dirige José Ignacio Wert podría cobrarse las primeras víctimas en un ámbito en el que las condiciones laborales empeorarían si finalmente se reduce el horario de Religión.

La polémica está servida. La Religión se ha convertido en uno de los campos de batalla entre administraciones públicas de distinto signo político. Los efectos de esta guerra los sufrirán los 600 profesionales (cifra aproximada) que se dedican a enseñar el contenido de esta asignatura en los centros educativos públicos sevillanos. De ellos, 448 trabajan en colegios y otros 154 en institutos. En toda Andalucía dicha cifra se eleva a más de 2.125 en las primeras etapas y 664 en ESO y Bachillearto, según datos de USO.

La Junta quiere frenar el protagonismo de dicha asignatura en la Lomce, que le otorga categoría de enseñanza opcional, lo cual quiere decir que es de obligada oferta para los centros y de opción voluntaria para los alumnos. El mismo tratamiento tendrá la alternativa a dicha enseñanza, que en un principio iba a denominarse Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Hasta ahí todo habría transcurrido con relativa tranquilidad si el Ministerio de Educación no hubiera suprimido la polémica Educación para la Ciudadanía establecida durante el gobierno de Zapatero.

La mayoría de las asociaciones de padres de alumnos y de sindicatos de la enseñanza pública manifestaron en su momento que esta eliminación es fruto de un sesgo ideológico, crítica a la que también se sumó la Junta. Por tal motivo, el Gobierno andaluz quiere frenar la "importancia" que adquiere la Religión en la Lomce, para lo que se acogerá al mínimo de horas exigido por la normativa.

Antes que eso suceda, el Ejecutivo central redactará un decreto en el que establecerá el margen temporal para impartir la asignatura. Por ahora, las enseñanzas troncales (Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero) ocupan el 60% del horario lectivo, por lo que las opcionales y de libre configuración habrán de organizarse dentro del 40% que resta atendiendo al decreto de cada una, labor que compete a las comunidades autónomas y a los centros educativos.

Hasta que no se presente dicho decreto todo será una incógnita. El propio Luciano Alonso advirtió hace dos semanas que "si lo mínimo que exige la ley es una hora a la semana, pues una hora se impartirá". La declaración ha encendido la luz de alarma en el colectivo. No es para menos si se atiende a las condiciones laborales de este grupo de docentes. Actualmente en Andalucía ya se aplica el mínimo que recogía la LOE para esta materia (ya sea de Religión Católica, para otras confesiones cristinas -como la Evangélica-, el Islam o el Judaísmo). En Infantil se imparte una hora a la semana, mientras que en Primaria es hora y media. Ya en el instituto, primero, segundo y cuarto de la ESO cuentan con 60 minutos semanales, mientras que en tercero son 120. Si el mínimo que fije el próximo decreto resulta idéntico a éste, no habrá nada que temer. Si se reduce, "deberá hacerse un nuevo reparto de horas", avisa Francisco Hidalgo, presidente de enseñanza de CSIF en Andalucía, mientras que Antonia Quesada, de USO, adelanta que no se quedarán "de brazos cruzados".

El consejero de Educación se apresuró a garantizar el día que presentó las medidas contra la Lomce la continuidad de este profesorado. Sin embargo, a las centrales sindicales no le salen las cuentas. "Si el mínimo exigido se reduce, está claro que habrá menos horas por docente o se despedirá a trabajadores", mantiene Hidalgo, quien incide en las precarias condiciones laborales con las que trabajan muchos profesionales. "En este colectivo hay contratos de todo tipo, desde los que gozan de jornada completa, viéndose obligados a acudir a varios centros para lograr un sueldo digno, hasta los que tienen un contrato por menos horas", señala el representante sindical.

Una jornada completa la conforman 25 horas lectivas semanales, de las cuales 22,5 son en el aula. Sin embargo, muchos no consiguen este máximo. A ello se suman los desplazamientos para lograr el mínimo, con trayectos entre varias localidades cuyo coste no lo paga ninguna administración. La secretaria de formación de USO, Antonia Quesada, considera que si las horas de Religión se reducen en Andalucía "habrá muchos profesores sin jornada completa a los que no les compensará seguir trabajando, puesto que el nivel de gasto en estos itinerarios apenas se verá recompensado con el salario".

La competencia sobre dicho colectivo la ostentan, además, administraciones distintas. En el caso de los maestros de Infantil y Primaria recae sobre el Ministerio de Educación. El salario bruto que retribuye este departamento para una jornada completa es de 1.691,17 euros mensuales, cantidad constituida por un sueldo base de 958,98 euros y un complemento para docentes de Religión de 732,19 euros. A esta cifra hay que añadirle los trienios con los que cada trabajador cuente por valor de 34,77 euros.

En el caso de los de Secundaria y Bachillerato, éstos dependen de la Consejería de Educación, que les proporciona un sueldo bruto -para jornada completa- de 2.256,20 euros mensuales al percibir tres partidas: sueldo base (1.109,05 euros), complemento de destino (582,92 euros) y complemento básico (564,23 euros). A ello se suman trienios por 42,65 euros. Los complementos que recibe el profesorado de Religión vienen recogidos en un decreto que equipara su salario al de los interinos. Un logro por el que este grupo de docentes luchó durante muchos años.

Gobierno y Junta proporcionan el salario a estos profesionales, pero es la Delegación de Enseñanza de cada diócesis la que se encarga de proponer a las administraciones públicas y a los titulares de los centros concertados y privados el personal para la asignatura de Religión Católica. Dicha labor también la desarrollan las autoridades religiosas de las otras confesiones que se imparten en los colegios e institutos. En el caso del Catolicismo, para ser maestro se exige la titulación de Magisterio y poseer los créditos suficientes (240 horas) en Pedagogía Religiosa, que se oferta en las escuelas de profesorado. Los requisitos para los profesores de Secundaria y Bachillerato son distintos: licenciatura civil y diplomatura en Teología, título que se obtiene matriculándose en cursos de 180 horas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas o estudiándolo a distancia.

Al margen de estos conocimientos, los maestros y profesores de Religión han de contar con la declaración eclesiástica de competencia académica (DECA) que exige la Conferencia Episcopal Española, mediante la cual se constata que el docente está en comunión con la Iglesia Católica, que es practicante, que se implica en su comunidad eclesiástica y que dispone de recursos pedagógicos idóneos para desarrollar la materia.