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Salud

El alto precio de escuchar

  • Las familias con niños sordos reclaman a la Junta que fuerce a las empresas fabricantes de implantes y audífonos para fijar cantidades más asequibles.

10.000 euros. Es el presupuesto inicial del que deben disponer las familias cuando detectan que su hijo padece sordera profunda. Los enormes avances de la Medicina permiten que estos niños puedan aspirar a una vida plena de sonidos mediante avanzados implantes cocleares y audífonos, pero el mantenimiento de estos sistemas, su renovación así como las necesarias sesiones de logopedia convierten el milagro de poder escuchar en un camino plagado de obstáculos e incertidumbres para las familias. Durante los cinco primeros años tras la activación del implante coclear, la inversión que tienen que hacer los padres incluso supera la cantidad de 10.000 euros.

Sólo el cambio de pilas de estos dispositivos supone un coste de 140 euros anuales; el seguro de la prótesis, otros 250 euros; y la recuperación logopédica, que es necesaria para que los pequeños aprendan a interpretar los sonidos, supone otros 1.400 euros anuales, entre otros gastos. Se trata de un desembolso que provoca estragos en muchas familias. En algunos casos, el sobrecoste genera el riesgo de que niños implantados carezcan de los cables o demás elementos del dispositivo indispensables para que funcione. Estas dificultades los coloca en una situación de especial vulnerabilidad ante la posibilidad de que la falta de recursos familiares les termine condenando a quedar, de nuevo, en completo silencio.

A sus dos años y medio, Carmelo es otro niño desde que hace once meses se sometió a un implante coclear. "Mi hijo antes no sonreía y desde el implante se ríe; antes era arisco y ahora se muestra cariñoso", explica su madre, Raquel Feria. El silencio provoca aislamiento y frustración en los pequeños que nacen con sordera. Ahora Carmelo está comenzando a hablar y para interpretar los sonidos que percibe a través del implante necesita acudir a logopedia. Los centros docentes públicos han visto reducir los presupuestos para la atención temprana a niños con necesidades especiales, de modo que es "una incógnita cada año si el niño recibirá en el sistema público esta asistencia, que además queda limitada a los 6 años, pese a que la sordera es de por vida", explica Raquel.

Para que los niños con implantes cocleares avancen necesitan al menos tres sesiones de logopedia a la semana, pero el sistema público sólo ofrece una sesión a la semana, de modo que los padres suelen afrontar las restantes, lo que supone un coste de unos 200 euros al mes. Muchas madres, como es el caso de Raquel, se ven obligadas a dejar de trabajar y pedir excedencias en sus puestos para ofrecer la atención que necesitan sus hijos, lo cual provoca aún más dificultades económicas en el seno familiar. Los permanentes recortes en los recursos sociales, educativos y sanitarios colocan a estas familias en una situación de enorme desventaja.

Otro de los problemas que afrontan son las temidas renovaciones de los procesadores externos, dispositivos que transmiten los sonidos al implante colocado en el oído del niño. El SAS sufraga mediante el copago la renovación del procesador si se cumplen tres supuestos: que éste tenga siete años de antigüedad, que el procesador esté obsoleto y no funcione y que sea autorizado por un médico. Las familias, arropadas por la Asociación de Padres y Amigos del Sordo (Aspas Sevilla) denuncian que el tercer requisito es negativo en muchos casos, lo cual frena la renovación en la mayoría de las ocasiones y el usuario se ve obligado a adquirir un nuevo procesador, que supone 8.500 euros.

Esta situación se agrava en implantes cocleares antiguos ya que los fabricantes dejan de producir componentes para los modelos más antiguos forzando a las familias a adquirir un implante nuevo (8.500 euros). Los afectados lamentan la escasez de recursos y piden a la Administración que presione a los fabricantes para que dispongan de repuestos de todos los modelos. También piden a la Junta que fuerce a estas empresas a fijar precios más asequibles de manera que ningún niño o adulto deje de oír por no tener los suficientes recursos económicos para pagar una rotura de cable o una carcaza para las baterías. Asimismo reclaman que el SAS se haga cargo de la biimplantación, es decir, de los implantes en los dos oídos ya que está demostrado que los niños prosperan más. En estos momentos el SAS se encarga de un solo implante, de modo que muchos padres tratan de buscar los recursos necesarios para costear en la sanidad privada el segundo implante, lo que supone un desembolso de 30.000 euros. Un coste excesivo para poder escuchar.

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