"Tienen derecho a los servicios de atención temprana los niños con trastornos en su desarrollo o con riesgos de padecerlos desde el momento de su concepción y hasta que cumplan seis años". Antonio Guerrero cita la ley, palabra por palabra. "Un servicio público, gratuito, universal y de calidad". Pero para este hombre, con un nieto de tres años que sufre Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y el resto de padres y asociaciones que forman la Plataforma Atención Temprana Andalucía, el acuerdo marco que oferta la Junta para el nuevo curso no cumple todas estas premisas.

El nuevo sistema de financiación obliga a todos los centros que quieran adherirse ser generalistas y no centrarse en un único trastorno. El hijo de Rocío Casado, por ejemplo, sufre el síndrome de Asperger y el sistema lo deriva para el próximo curso a Aspas, la Asociación Provincial de Padres y Amigos de los Sordos. "Resulta paradójico que mi hijo, que no es sordo, lo manden a este centro y que un niño sordo se pueda quedar fuera si no hay plazas y derivarlo a otra asociación distinta", apunta Casado.

Además, a partir de los cuatro años, las competencias de atención temprana pasan de Salud a Educación. La plataforma ciudadana liderada por Antonio Guerrero se muestra totalmente en contra de este cambio, ya que consideran que no todos los colegios cuentan con aulas de apoyo y con profesionales suficientes. Estas terapias, ademas, se realizarían en horario escolar, por lo que "apartas al menor de su grupo, de sus compañeros de clases, cuando lo que el niño necesita es integrarse", apunta Rocío Casado. "Y se pierde la lección que la profesora esté enseñando en ese momento, agravando su retraso".

Antonio Guerrero apunta que el periodo de los cuatro a los seis años es "crítico": "A los cinco años se produce lo que los especialistas llaman poda cerebral. Esto es, aquello que el cerebro no ha usado o infrautilizado o no se ha estimulado desde su nacimiento, lo elimina, sin más, y los daños son permanentes e irreversibles", comenta Guerrero. "A los menores no los pueden tratar en un aula de apoyo, es un tema médico, psiquiátrico, de logopedas, psicólogos y otras especialidades".

Rosario Rojo, terapeuta del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Morón, recalca, también, que con el nuevo sistema los profesionales no intervendrán en el primer diagnóstico y valoración del menor, sino que serán "dos personas por provincia asignadas por la Consejería de Salud las que visitarán los colegios y decidirán qué niño está o no sujeto a recibir atención temprana". "Sólo dos personas valorarán a los niños", se queja Antonio Guerrero. "Te aseguro que cuando lleguen a Écija ya será tarde".

Guerrero cree que la atención temprana no es un gasto, sino una "inversión de futuro": "Invertir hoy en estos niños evitará problemas futuros de dependencia y salud mental". Su nieto, de tres años, está comenzando ahora a pronunciar algunos fonemas, pero "no es porque ya tenga tres años, sino porque se le está tratando desde los 15 meses".

La plataforma también considera fundamental el trabajo que desde las asociaciones se lleva a cabo con las familias para que éstas continúen con la labor en casa, algo que, según su portavoz, tampoco contempla el nuevo acuerdo. En este sentido, el colectivo de afectados propone la creación de una red de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud, los CAIT y las guarderías y colegios, no un trabajo cada uno por separado.

Las diferentes asociaciones y los padres que forman la plataforma ciudadana ya se han puesto en contacto con los diferentes grupos parlamentarios en busca de su apoyo para frenar el nuevo acuerdo marco. De momento, Podemos y Ciudadanos ya han mostrado su apoyo y esta semana se reunirán con Izquierda Unida y el Partido Popular. El PSOE se les resiste.