Un juzgado de Sevilla ha condenado a tres líderes del sector del taxi por un altercado ocurrido en la parada de la estación de Santa Justa. Entre los condenados está el presidente de la plataforma gremial de taxistas que prestan servicio en la terminal ferroviaria, Emilio López Benítez, así como otros dos miembros de esta asociación, Manuel Arnáiz Rico y Raúl Cantarero Salas. A los tres se les considera autores de un delito de coacciones, por lo que la juez les ha impuesto una multa de 2.200 euros, así como el pago de la mitad de las costas del proceso judicial. Otros cuatro taxistas que fueron acusados del mismo delito han quedado absueltos.

Los hechos por los que han sido condenados los líderes del taxi en Santa Justa ocurrieron en verano de 2012. Según relata la sentencia del juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, a la que ha tenido acceso este periódico, el día 30 de julio, dos de los condenados impidieron a otro taxista recoger a unos clientes en la estación, al tiempo que le advertían que se anduviera "con cuidado". El taxista se marchó de la estación sin poder cubrir el servicio al que había acudido.

El segundo incidente que se ha podido probar ocurrió cinco semanas después, el 6 de septiembre. El presidente de la plataforma y otro de los condenados "se aproximaron a otro taxi y le propinaron varios golpetazos y patadas, con la intención de que no llegara a parar en la misma parada". En esta ocasión el taxista pudo prestar su servicio, pero tuvo que hacerlo escoltado por la Policía.

La juez explica en la sentencia que en la estación de Santa Justa se han vivido varios altercados similares a estos dos, pero han sido los únicos que se han podido acreditar. Dice la resolución que "la plataforma gremial mantenía un enfrentamiento con parte de sus compañeros no asociados por la interpretación de determinados artículos del reglamento de transporte público de viajeros".

En el marco de esta disputa, "se produjeron enfrentamientos entre sus miembros y el resto de sus compañeros". En el caso de los dos delitos probados, "los acusados no estaban legitimados para obrar en el modo que lo hicieron" y para imponer su "particular interpretación del reglamento". En el fondo, lo que subyace es el mismo problema que en el aeropuerto, es decir, el intento por parte de una asociación de imponer un monopolio en el servicio del taxi.