Antes de huir a la República Dominicana con el dinero de los parcelistas de la urbanización Santa Iglesia, Julio Mateos Palacios, el Dioni de Almensilla, estuvo presuntamente involucrado en otra estafa relacionada con el sector del aceite. Una empresa de Mateos Palacios vendía aceite de baja calidad como virgen extra, lo que le permitió una bajada de precios que le hizo firmar contratos millonarios con al menos dos grandes cadenas de supermercados nacionales.

Una investigación del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla permitió retirar las partidas adulteradas del mercado y detener a nueve personas, entre las que figuran un hermano y la hija del Dioni, así como el yerno de éste, que era comercial en la empresa. Para entonces, Mateos Palacios ya estaba en paradero desconocido. Fue esta misma unidad de la Policía la que localizó la dirección exacta en la que vivía en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, adonde también estaba exportando aceite. El retraso en la tramitación de la orden de búsqueda y captura internacional por parte del juzgado de Coria del Río que investiga la fuga del Dioni permitió que éste pudiera escapar de nuevo y seguir en paradero desconocido.

Mientras tanto, el fraude del aceite de oliva sigue en una causa abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor, cuyo titular lleva meses sin resolver sobre este asunto. Las partidas adulteradas están fuera del mercado y los nueve detenidos permanecen imputados bajo la acusación de varios delitos, entre ellos el de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

La estafa del aceite es anterior a la fuga. De hecho, a juicio de los investigadores, el Dionipodría haber utilizado el dinero de los parcelistas de Santa Iglesia para tratar de cubrir sus pérdidas en el negocio del aceite, en el que se había hecho ya un nombre bajando mucho los costes y, por tanto, los márgenes de beneficio. Para competir con las grandes marcas del sector, comenzó a mezclar distintos tipos de aceite y adulterar el producto final. Antes de que pudiera obtener grandes beneficios, la intervención de la Policía le hizo tirar del dinero al que tenía acceso, el de los parcelistas de Santa Iglesia, con el que se terminó fugando al Caribe.

La investigación de la Policía Nacional arrancó en el año 2015. Un socio de Mateos Palacios denunció que éste estaba comercializando su marca y su aceite sin su autorización, y alertaba además de que el producto no era apto para el consumo humano. Luego se demostró que sí lo era en la mayoría de los casos, aunque lo que se vendía como virgen extra eran aceites de semillas o de orujo, de muy baja calidad. Incluso en una partida se detectó que lo que se vendía como aceite de oliva virgen extra era aceite lampante, que suele ser utilizado como combustible para lámparas y que sí está declarado no apto para el consumo humano.

Mateos Palacios comercializaba el aceite con la marca Tres Olivas. Una garrafa de cinco litros de virgen extra de esta firma se vendía casi tres euros más barata que la de otras marcas conocidas del sector. Esto le granjeó contratos millonarios con al menos dos superficies comerciales, que colocaron sus productos en lugares privilegiados de sus estantes. Esta marca en un principio sí contenía aceite de oliva virgen extra, pero la calidad fue bajando a medida que el Dioni iba perdiendo dinero tratando de introducirse en el sector.

El denunciante llevó a la Policía dos garrafas de aceite de oliva virgen extra (al menos eso rezaba en la etiqueta) que compró, acompañado de un notario, en dos supermercados de Sevilla. Ambos recipientes contenían un producto manifiestamente diferente. El contenido de una de las garrafas tenía un color y una densidad distintos al de la otra.

Ante la posibilidad de que existiera un riesgo para la salud pública, la Policía abrió una investigación y acudió a inspeccionar la planta en la que se envasaba el aceite Tres Olivas, ubicada en una nave de Espartinas que carecía de rótulos, letreros o cualquier cartel que indicara qué empresa se instalaba en aquel edificio. No se trataba técnicamente de un registro, puesto que aún no había indicios para que los investigadores pudieran saber que allí se estaba cometiendo un delito. Era una inspección administrativa, dirigida por unas inspectoras del Servicio de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. En aquella inspección, los investigadores descubrieron unos depósitos ocultos detrás de unos palés que contenían un aceite que luego se descubrió que estaba adulterado.

Paralelamente, los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales inspeccionaron varios supermercados en los que se vendía este aceite y tomaron muestras de cinco partidas en diferentes momentos. Tanto esas muestras como las obtenidas en la envasadora fueron remitidas para su análisis al Instituto de la Grasa y al Instituto de Toxicología. El resultado fue el siguiente: ninguna de las partidas contenía aceite de oliva virgen extra.

La primera era una mezcla de aceite de oliva virgen y de refinados, la segunda contenía una mezcla de refinados, de aceite de girasol y una pizca de aceite de oliva virgen para darle sabor, el tercero también superaba los niveles máximos permitidos de determinados compuestos que rebajaban la calidad del producto final, el cuarto era un aceite de orujo y semillas y el último, el único declarado no apto para el consumo humano, era lampante.

Todas estas partidas se vendían como aceite de oliva virgen extra a un precio muy competitivo. La garrafa de cinco litros se ofrecía en el supermercado a 15,95 euros, mientras que la de otras marcas conocidas costaba alrededor de 18,50. Era el año 2015, cuando los precios se mantenían más bajos que en la actualidad. Mientras, una garrafa de aceite de orujo no llegaba a costar cinco euros. El beneficio, por tanto, era claro. Por un lado vendía un aceite de mala calidad como si fuera de la mejor, y por otro lo hacía a un precio que casi cuadruplicaba el valor real del producto.

Con los resultados de los análisis sobre la mesa, la Policía detuvo a nueve personas. Entre ellas figuraba una persona que ejercía de químico, es decir, el encargado de decidir hasta qué punto podían rebajar la calidad del aceite en la planta. También cayeron un hermano del Dioni, la hija de éste y el marido de ésta, que ejercía de comercial de la empresa, así como el resto de empleados de la planta envasadora.

Además de Tres Olivas, Mateos Palacios comercializaba otras marcas de aceite. Una de ellas era Toro de Oliva, de la que la Policía halló botellas con etiquetas en chino. Se trataba de una partida que ya le había caducado y que, lejos de deshacerse de ella, volvió a envasar y reetiquetó para venderla en China como aceite de oliva virgen extra. Todas las partidas de Tres Olivas y el resto de marcas del Dioni fueron precintadas y retiradas del mercado. Esta cantidad de aceite tenía un valor que superaba el millón de euros.

Faltaba por conocer la conexión de esta presunta trama del aceite adulterado con la junta de compensación de la urbanización Santa Iglesia de Almensilla. Uno de sus más íntimos colaboradores, Juan Carlos Navarro, era el auditor de la junta de compensación de esta barriada. Mateos y Navarro eran socios en varias empresas. Cuando el segundo fue contratado por la junta de compensación de Santa Iglesia para auditar las cuentas de cara al proceso de regularización de la urbanización, éste tiró de su socio como tesorero.

Esto hizo que tuviera acceso al dinero de los parcelistas, del que pudo disponer durante todo el tiempo que estuvo vendiendo aceite adulterado. De hecho, se sospecha que el Dionide Almensilla estuvo sacando dinero de las cuentas de la urbanización desde 2009. Sin embargo, no se fugó hasta mayo de 2015, cuando ya tenía a la Policía encima por la estafa del aceite. En todo este tiempo ha seguido exportando aceite a la República Dominicana.