Juanita Esama, una mujer de nacionalidad guineana, y su marido Carlos Calero han acudido a los juzgados para relatar la pesadilla que viven junto a sus dos hijos, de ocho y 19 años, en la vivienda alquilada en la que residen, en el bloque 14 de la avenida de San Francisco Javier, en Nervión. Desde hace cuatro años esta familia ha denunciado que sufre ataques de carácter racista por parte de vecinos.

La última denuncia la presentaron Juanita Esama y su marido ante la Policía Nacional el pasado 13 de septiembre. Esama explicó entonces a los agentes que en la agresión sufrió lesiones de consideración, como pérdida de cabello y contusiones. Este ataque "también le provocó un estado de ansiedad que le impide dormir desde los hechos", explicó Alicia Vañó, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, que apoya a esta familia. Vañó exigió ayer "que los juzgados respondan con contundencia ante este problema" porque la situación que está sufriendo esta familia es "insostenible".

La pesadilla de Juanita Esama y su familia comenzó en marzo de 2004, cuando su casa sufrió vertidos de lejía procedente de vecinos "que han continuado desde entonces", comentó la presidenta de Mujeres Progresistas. Ante esta situación, el propietario de la vivienda en la que esta familia vive de alquiler acudió a los tribunales para denunciar los vertidos y "el juez dio la razón a la familia de Esama". Pese a esta resolución judicial el acoso continuó con insultos por el mero hecho "del color de su piel", añadió Vañó.

Esama y su marido, ante los ataques xenófobos, acudieron al juzgado de instrucción número 13 en febrero de 2007 y aún están pendientes de resolución. Mientras tanto, esta familia ha sufrido daños en sus vehículos de diversa consideración y en julio de 2007 volvieron a sufrir otro vertido. "Grandes cantidades de aguafuerte entraron por la ventana de las habitaciones de sus hijos y la familia acudió al hospital al sufrir una intoxicación por los gases", explicó Vañó. De nuevo denunciaron los hechos, en el juzgado de instrucción número 10. La última agresión relatada fue física y la sufrió Esema mientras esperaba a su marido en el aparcamiento.

La Asociación de Mujeres Progresistas insistió ayer en que "los juzgados adopten ya una solución". "Es injusto que las víctimas se vean obligadas a buscar otra vivienda", concluyó Vañó. Mientras tanto, la familia ha optado por denunciar públicamente los hechos.