Dos hechos recientes han puesto al patrimonio histórico industrial sevillano de nuevo bajo el foco de la actualidad: el reciente desalojo de la Fábrica de Sombreros y el anuncio durante la semana pasada del interés del Ayuntamiento por cambiar el PGOU para que los terrenos de la Fábrica de Tabacos de los Remedios, actualmente con calificación industrial, pasen a albergar usos dotacionales y, tras una posible expropiación, cederla a la Universidad de Sevilla para que, probablemente, traslade la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Ambos casos son la cara y la cruz de un patrimonio en general poco valorado por las administraciones y los ciudadanos que, pese a iniciativas concretas y meritorias, carece de planes que traten su protección, estudio y gestión conjuntamente. Esta carencia no se debe a la falta de iniciativa de los especialistas, que hace ya un año presentaron tanto al Ayuntamiento como a la Junta sendos documentos en este sentido que duermen el sueño de los justos en los cajones de la Administración.

Durante la inauguración en Sevilla del Comité del Patrimonio Mundial el pasado lunes, el director general de la Unesco, Koïchiro Matsuura, apuntó que uno de los retos en política patrimonial en los próximos años será, precisamente, la conservación del patrimonio industrial, que, en Sevilla, pese a los tópicos heredados, es más rico de lo que parece. La nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía también recoge en su título VII la necesidad de proteger y estudiar este tipo de inmuebles.

Pese a que ha habido intervenciones públicas y privadas acertadas, como la transformación de la Comisaría Algodonera en Consejería de Agricultura o del antiguo Matadero en espacio docente, por poner sólo dos ejemplos, lo cierto es que todavía quedan demasiados frentes abiertos, de los que la Fábrica de Sombreros o la Fábrica de Tabacos sólo son dos un ejemplos que se podrían ampliar con casos como la Fábrica de Vidrios de la Trinidad o las naves de Renfe de San Jerónimo.

Según ha podido saber este periódico, hace un año, un grupo de destacados expertos en la materia, entre los que destacan Julián Sobrino, vicepresidente en España del El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial; el catedrático y ex concejal de Urbanismo Víctor Pérez Escolano; o el también catedrático de la Universidad de Sevilla Bernal Rodríguez, presentaron ante la actual consejera de Cultura, Rosa Torres, un documento que, bajo el epígrafe Hacia un plan de patrimonio industrial en Andalucía, además de hacer una reflexión general sobre el peligro que se cierne sobre este tipo de inmuebles, se proponían acciones coordinadas basadas en cuatro puntos: la realización de un inventario general; el desarrollo de un sistema museográfico sobre el pasado industrial andaluz; una selección de los edificios que necesitan una protección urgente y el impulso de líneas de investigación y difusión. Aunque al principio todo fueron buenas palabras, lo cierto es que, un año después de aquella reunión, no se ha hecho nada. Desde la Junta se alega que "no es el momento".

Por otra parte, hace unos 12 meses, el también profesor titular de la Escuela de Arquitectura Julián Sobrino mantuvo una reunión en las oficinas de la Delegación de Economía y Empleo municipal de la Torre de la Plata para presentar el documento Estrategia de recuperación activa de espacios industriales históricos de Sevilla, texto que, según se afirma desde el Consistorio, ni siquiera ha llegado a manos del delegado Jon Ander Sánchez, quien muestra un "gran interés" por desarrollar iniciativas en este sentido.

Al igual que en el documento de carácter andaluz, en éste se proponía realizar un censo específico sobre estos espacios en los que se detallase la ubicación, estado, propiedad, valores patrimoniales, patologías etcétera de los antiguos edificios industriales. Asimismo, se advertía de la necesidad de la creación de un "sistema integral de gestión para la recuperación activa" de este tipo de inmuebles con la constitución de un grupo de estudio, la realización de proyectos de viabilidad y la coordinación con otras áreas municipales y agentes económicos y sociales. Y es que, en ambos proyectos, se destaca la necesidad de que la labor de protección y explotación de este patrimonio tiene que ser una labor trasversal en la que participen diferentes instituciones, tanto privadas como públicas.