Las olvidadas de la violencia

Carmen, Cristina y María son tres mujeres corrientes que han aprendido que lo mejor es callarse. Opinan así después de haber vomitado la dignidad hasta el extremo de llegar a arrastrarse. Sufren discapacidad física, agravada o provocada por los malos tratos que han padecido. Su última agresión es tener que renunciar a su identidad cuando relatan su tragedia. Ellas han sido entrenadas para disimular el secreto de una vida pasada de la que quieren huir y olvidar.

Eso es, al menos, lo que intentan en la fábrica de Cailu, ubicada en Alcalá de Guadaíra, la única empresa en España y Europa cuya plantilla está compuesta prácticamente en su totalidad por mujeres que sufren algún tipo de incapacidad como consecuencia de la violencia de género. Este centro, que ostenta la certificación de calidad ISO-9001-2000, representa la vida y la esperanza de estas tres mujeres, entre otras muchas, que se dedican a las artes gráficas.

La idea partió en el año 2000 de Cristina Pavón y María del Mar Martínez, dos empresarias con un empuje solidario poco usual. Ambas vendieron o hipotecaron sus casas para montar un negocio para dar empleo a un colectivo que consideraban abandonado: mujeres maltratadas, tullidas y lisiadas como consecuencia de la violencia de género y cuyo grado de invalidez no supera el 65%. "Nos dedicamos a la integración laboral, creemos que la independencia salva vidas; de hecho, estas mujeres que trabajan en Cailu podrían haber sido primera noticia de cualquier telediario, somos la antesala de la muerte", sentencia Cristina Pavón.

El taller funciona a pleno rendimiento. La plantilla la forman veintiuna mujeres que se dedican a la estampación y distribución de productos publicitarios, desde llaveros a bolsas de viaje o camisetas. La presencia de los periodistas les incomoda. Ellas quieren permanecer en la sombra, no quieren ser protagonistas de nada y prefieren ocultar sus rostros y su identidad porque sienten el miedo y la cercanía de sus maltratadores. Para ellas no existe el olvido sino la anestesia.

Carmen es una de ellas. Tiene 51 años y sufre una minusvalía del 48%. Esta veterana lleva seis años en el centro. Su marido la abandonó y sólo ganaba un salario de 400 euros. Pero ella no quiere hablar de golpes: "Sigo aún con ansiolíticos desde que me maltrató".

Cailu reúne a mujeres de 28 a 55 años, con una escasa formación. De hecho, el 99% de ellas nunca han tenido trabajo ni nómina y se sienten excluidas socialmente. Tienen un porcentaje de minusvalía suficiente para que los empresarios a los que piden trabajo les cierren las puertas por incapacitadas. Sin embargo, es insuficiente para que se les considere merecedoras de una pensión.

Cristina tiene la pierna amputada a la altura de la ingle y, anteriormente, ha trabajado cubriendo bajas laborales, pero al mes siempre volvía a estar en la calle. Ello no le impide ser irónica con su situación: "A lo mejor me va a crecer la pierna, ya que todavía no es definitivo el certificado de minusvalía; ojalá me creciera, pero siempre tengo las mismas revisiones". Cuando entró en Cailu tenía una niña de ocho meses, que hoy tiene siete años, y se muestra muy agradecida por la oportunidad que el centro le dio para atender todas las necesidades de la menor.

El 70% de la plantilla de Cailu tiene tiene que estar compuesta por discapacitados. Es un requisito que también genera un alto absentismo laboral, que ronda el 34%. Siempre hay alguien que debe acudir a una revisión, gestionar una prótesis o cuidar de un hijo enfermo. El esfuerzo de estas mujeres, en muchos casos, se multiplica.

María vivió la violencia desde pequeña, cuando presenciaba las palizas que su padre propinaba a su madre. "Un poquito más y casi la mata", recuerda. Tuvo un hijo con 20 años y, tras dar a luz, le anunciaron que ella tenía un tumor en el cuello. Su tratamiento requería aislamiento y la obligó a separarse de su bebé. Su única esperanza era una operación que nunca llegó. Actualmente tiene metástasis en los pulmones y sigue un tratamiento con yodo radioactivo. "El tema sigue en los pulmones y nadie quiere dar trabajo a una persona enferma", admite relatando algunos episodios anteriores con empresarios que la rechazaron. Ella llegó a asumir que no tenía derecho a nada y hace sólo seis meses que dormía en un colchón en el suelo junto a su hijo.

Su llegada a Cailu, al igual que le ocurre a Carmen y Cristina, rompió sus esquemas y ahora intenta sobreponerse a su calvario. Para la mayoría de las víctimas, los 1.000 euros que cobran de media al mes suponen su primer sueldo. Además, gracias a aportaciones de entidades como La Caixa disponen de ayuda psicológica, plazas de guardería y, en algunos casos, de viviendas gratuitas. Pero no quieren regalos, sólo sueñan con un futuro mejor y con un empleo, como cualquier mujer corriente. No quieren propinas, tan sólo dejar de ser las olvidadas por su discapacidad o por su condición de maltratadas.