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Sevilla

La privatización de líneas de Tussam enfrenta a PSOE e IU

  • La coalición de izquierdas se niega a más concesiones privadas · La dirección de la empresa asegura que la medida no afectaría al carácter público de la entidad

El vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, y uno de los representante de IU en el seno del consejo de administración, José Antonio Salido, tuvieron ayer que salvar sus diferencias en privado al término de una sesión que puso claramente en evidencia las diferencias entre ambos a la hora de afrontar la situación de extrema complejidad y delicadeza de la empresa. El PSOE trata de incluir en el plan de viabilidad económica de la compañía la necesidad de privatizar algunas líneas para paliar el fuerte déficit de Tussam, mientras que IU se opone radicalmente a esta medida. Salido se refirió expresamente durante la sesión al pacto de gobierno entre ambas formaciones políticas, recalcando que estas medidas no estaban contempladas en ningún caso. Gutiérrez no precisó cuántas líneas se proyectan externalizar ni el ahorro que esta medida supondría a las arcas de la entidad, pero trató de aclarar que en ningún caso su planteamiento supondría una merma del carácter público de Tussam, que seguiría funcionando como tal al cien por cien. El vicepresidente puso como ejemplo la situación actual, pues Tussam tiene ahora mismo tres líneas en concesión privada: la de Valdezorras, Aeropuerto Viejo y El Gordillo (Los Amarillos) y las de Torreblanca y Parque Alcosa (Casal). Gutiérrez, en cualquier caso, se mostró abierto a una negociación con la Junta de Andalucía, los sindicatos y los representantes de los consumidores.

Por parte de los sindicatos, CCOO ya ha advertido que no se sentará en la mesa de negociación si en el orden del día figura la privatización de líneas, pues considera que esta medida obligará a despedir trabajadores. Los sindicatos exigen que se respeten los 140 contratos eventuales que están vigentes en la actualidad, sobre todo desde que trascendió el borrador del plan económico que promueve la empresa, que dicta la necesidad de no renovar ninguno de esos contratos.

El representante del único partido de la oposición en el Ayuntamiento, Ignacio Flores (PP), exigió saber el número de líneas que la empresa plantea conceder a empresas privadas, así como el beneficio económico que esta medida tendría en las cuentas de la empresa. Gutiérrez no ofreció estos datos, pero trató de hacer ver la necesidad de tomar decisiones, pues en el mes de enero ha habido problemas incluso hasta pagar determinados complementos de las nóminas de los trabajadores. La empresa, por ejemplo, ha tenido que suspender la lanzadera propia que transporta a los trabajadores desde las cocheras hasta la Florida. El vicepresidente explicó la dificultad de gestionar nuevos créditos en los bancos con una deuda que se acerca peligrosamente a los 120 millones de euros entre el corto y el largo plazo. Ya a finales de 2008 se calculó oficialmente en 110,7 millones.

La sesión no contó con la presencia del presidente de la compañía, Francisco Fernández, hasta bien avanzada la reunión, pues tenía un compromiso institucional en el distrito Cerro-Amate. Las ediles socialistas que forman parte del consejo, Rosamar Prieto-Castro y Nieves Hernández, tampoco asistieron a la cita, así como también se ausentó la otra representante de IU.

La coalición de izquierdas ha sido la única formación que ha realizado propuestas por escrito para elaborar el plan de viabilidad económica de Tussam. Salido ha solicitado, como medidas alternativas que no implican despidos, una mayor actividad de la grúa municipal, mayor presencia de agentes de la Policía Local, el cobro de una ecotasa por aparcar en áreas verdes de nueva creación y más inyecciones económicas del Estado y de la Junta. El socio de gobierno de los socialistas en la Plaza Nueva plantea esta serie de medidas, entre otras, para paliar el déficit de la empresa municipal. Y, por supuesto, apuesta en todo momento por el mantenimiento de los títulos sociales, de los que ha hecho siempre bandera de su gestión política en materia de transporte.

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