Sólo uno de cada cuatro niños tiene acceso en Sevilla a una plaza pública de guardería. O lo que es lo mismo, el 75% de los menores de tres años se quedan sin entrar en una escuela infantil o conveniada con la Junta. La oferta de la Consejería de Educación para el primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) vuelve a ser más que insuficiente para la provincia sevillana, una situación que se extiende en toda Andalucía y que está lejos de solucionarse a corto plazo.

La llegada de septiembre marca el inicio del curso en las guarderías. Los más pequeños serán los primeros en entrar hoy en la escuela, aunque los números evidencian que muy pocas familias tienen la suerte de lograr una plaza pública para sus hijos. Las cuentas, en este sentido, están claras. Según el censo más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativo a 2009, en la provincia de Sevilla hay registrados 71.316 niños menores de 3 años, edad que no se contabiliza ya que es la de ingreso en el segundo ciclo de Infantil, etapa, como la anterior, también de carácter voluntario.

Para esta población la Junta ha ofertado este curso en Sevilla 17.769 plazas sostenidas con fondos públicos, según datos facilitados por la delegación provincial de Educación durante el proceso de escolarización desarrollado en abril. Dicha cifra -que habrá aumentado levemente en verano tras firmarse los últimos convenios con entidades privadas y públicas- refleja que sólo el 25% de los niños sevillanos con menos de tres años tienen acceso a una plaza pública en las guarderías. Esto es, 53.547 menores se quedan fuera de la oferta de la Administración andaluza, por lo que sus padres se ven obligados a recurrir al sector privado o dejar sin escolarizarlos en esta etapa que desde el curso pasado está dotada de contenidos didácticos.

Se demuestra, por tanto, la fuerte carencia de escuelas infantiles públicas en la provincia de Sevilla, el mayor lastre de esta etapa educativa, pese a los intentos de la Junta por ampliar la red de guarderías. No en vano, este curso serán más de 700 plazas las que se sumen a la oferta pública, un incremento que sigue siendo "ridículo" si se tiene en cuenta la población a la que se atiende. Es más, ni siquiera los planes previstos a medio plazo ponen remedio a este gran desfase. El mayor proyecto contemplado por la consejería gobernada por Francisco Álvarez de la Chica pasa por la puesta en funcionamiento a nivel regional de 100.000 nuevas plazas de guarderías antes de 2012, año electoral. Se trata de una promesa del anterior presidente andaluz, Manuel Chaves, antes de las elecciones autonómicas de 2008. Dicho programa, de cuyo desarrollo ha trascendido poca información, es más que previsible que se vea ralentizado por la crisis, un efecto que ya se ha dejado sentir en el Plan Mejor Escuela aprobado por la Junta en 2005 y que ha frenado la construcción de colegios e institutos.

Sin embargo, y aunque el programa se cumpliera en los plazos previstos, la oferta seguiría siendo insuficiente si se tiene en cuenta que de esas 100.000 plazas, unas 23.000 corresponderían a la provincia sevillana, lo que incrementaría la oferta actual hasta superar las 40.700 plazas. Quedaría, por tanto, un 43% de la población con edad de escolarización en el primer ciclo de Infantil que se quedaría fuera de la red pública de guarderías.

Al menos lo que si se conseguiría, de ser realidad el citado proyecto, es superar el mínimo de cobertura exigido por la Unión Europea para esta etapa, establecido en un 33%, lo que demuestra que la Junta incumple dicho porcentaje en el caso de Sevilla y el resto de las provincias andaluzas, ya que la media regional, según afirmó en su día el propio consejero de Educación, está en el 28%.

El déficit de plazas en las guarderías sevillanas, no obstante, tampoco es homógeneo. En algunas zonas de la capital andaluza, por ejemplo, existe cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras en otras, como el casco antiguo o Nervión, el desfase se incrementa ante el gran número de familias con hijos menores de tres años. Sin embargo, en dichos barrios el poder adquisitivo de los padres permite acudir a la oferta privada. El problema surge, principalmente, en aquellos barrios obreros donde la renta familiar hace imposible matricular a un hijo en una guardería privada, por lo que el primer contacto de un menor con la escuela se retrasa a los 3 años, cuando comienza el segundo ciclo de Infantil, etapa tampoco obligatoria pero con la que se garantiza la permanencia en un centro educativo al llegar a Primaria.

Por este motivo, las empresas privadas que operan en el sector han exigido a Educación que elabore un estudio pormenorizado de la demanda actual donde se localicen las zonas más necesitadas de guarderías públicas y que la escolarización se efectúe como en las otras etapas educativas por zonas de influencia y no por distritos, como viene siendo hasta ahora. En la provincia, la zona más castigada por la carencia de plazas públicas es la Sierra Norte, una comarca donde la inversión privada es muy escasa.