El abogado Juan Carlos Navarro pidió en el juicio atenuar la pena al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, al haber confesado hechos relevantes para la causa y por su arrepentimiento, y adelantó que seguirá colaborando en próximos juicios.

La Audiencia Nacional inició la fase de informes finales de las defensas con la intervención, entre otros, del defensor de Correa, para quien la Fiscalía pide la máxima pena respecto a cualquiera de los 37 acusados, 125 años de prisión.

El Bigotes denuncia que ha sufrido una "cacería" al ser considerado el número tres

El letrado de Correa pidió que se aplique, al menos, la misma "vara de medir" con Correa que con el "delator" en esta causa, el ex concejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, para quien la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel, después de que hubiera aportado unas grabaciones de conversaciones telefónicas.

Añadió que a diferencia de Correa, "José Luis Peñas no ha reconocido ni ha confesado nada, y eliminó de las grabaciones que aportó las que le podían perjudicar y son un puro chantaje, además de que participó en la actividad delictiva que denuncia".

"Eso no es colaboración cuando impugna hasta su declaración, cuando cambia su condición de testigo a acusado", abundó sobre José Luis Peñas, y recordó que "Correa ha hecho declaraciones relevantes" para esta y otras investigaciones.

Juan Carlos Navarro subrayó: "Estamos colaborando y así será en siguientes piezas, siete u ocho juicios, que aún están pendientes", tras el de la pieza Fitur en Valencia y el que está ahora teniendo lugar en la Audiencia Nacional de la primera época de Gürtel.

El letrado recordó que Correa era el empresario más joven con 22 años y que creó un grupo de empresas que ya participó en la Exposición Universal de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero no para delinquir y sólo se le acusa cuando tuvo de cliente al PP y, al respecto, ha pedido que no se aplique "el derecho penal al enemigo".

En este sentido, señaló que regalos como los realizados a la ex ministra Ana Mato no suponen delito de cohecho sino que eran fruto de una relación personal.

El abogado Miguel Durán, defensor del presunto número dos de la trama Gürtel, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, afirmó, por su parte, en el juicio que este caso "arrancó por causas políticas" para "perseguir al Partido Popular". Además sospecha que hay un pacto entre la Fiscalía y Correa, un "probable acuerdo aireado por la prensa hace catorce meses y que el Ministerio Público no ha desmentido, que se ha producido a espaldas de las partes y que resulta más opaco que la supuesta caja B del PP".

"Nos hubiera parecido mejor que el Ministerio Público, en aras a la transparencia, hubiera explicado en qué consistía el probable acuerdo al que haya podido llegar con Correa", subrayó.

El letrado pidió la absolución de Pablo Crespo, negó que sea el número dos de la trama, "una jerga que el Ministerio Público debía haberse cuidado mucho de usar", y lamentó "la pena de banquillo" sufrida.

Añadió que "el procedimiento desde el principio ha tenido una exacerbada politización y ha generado más portadas que la banda terrorista ETA; aquí se ha perseguido al PP y se le ha dado patadas".

Al pronunciar estas palabras el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, interrumpió a Miguel Durán para decirle: "Le ruego que no siga por ese camino y que se ciña al aspecto jurídico".

Durán aseguró que trataba de ceñirse a los aspectos jurídicos, pero insistió en que no se pueden desconocer "hechos de trascendencia política que se han dado y por los que ha comparecido en el juicio -como testigo- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy".

También pidieron ayer su absolución por falta de pruebas las defensas de Álvaro Pérez, El Bigotes, que consideró que ha sufrido una "cacería" al ser considerado número tres de la trama, y de José Luis Izquierdo, que negó que fuera "contable" de la red ya que era un "puro auxiliar" de Correa.

Igualmente, el abogado Luis de Miguel, presunto "arquitecto financiero" de la evasión de capitales de la red, y la defensa de Jacobo Ortega, supuesto testaferro para ocultar comisiones ilegales.