'Votarem', gritaban por las calles los independentistas desde hace dos meses. Sí, votarán, pero con garantías democráticas, con junta electoral y todos, no sólo los partidarios de la independencia. En una jugada maestra, muy bien vista por el PSOE, sorprendente, que ha dejado atónitos a los separatistas, Mariano Rajoy ha comenzado a aplicar la intervención de la Generalitat que el Senado le permitió este viernes, pero ha hecho algo que nadie preveía: disolver el Parlamento catalán, de tal modo que los ciudadanos de esta comunidad podrán votar para elegir a un nuevo Govern el próximo 21 de diciembre. La aplicación del artículo 155 sólo durará 54 días: se sabe cómo se entra y cuánto se sale, y además se envía un mensaje aclaratorio a la comunidad internacional: España sí deja votar a los catalanes. Todo el Govern, incluido el presidente Puigdemont, ya está destituido.

El desarrollo del artículo 155 de la Constitución permitía a Mariano Rajoy disolver el Parlamento y convocar elecciones; se había marcado un plazo de seis meses, aunque algunos, sobre todo en el Gobierno, lo veían muy corto para normalizar Cataluña. Ciudadanos apretaba, porque sus expectativas electorales son buenas, pero también el PSOE y el PSC, aunque por otros motivos. Pero en el momento de quedarse con la competencia que hasta este viernes sólo tenía Carles Puigdemont, como presidente de la Generalitat, Rajoy ha dejado disuelta la Cámara, la que acababa de proclamar la república catalana en un pleno donde se ausentaron la mitad de los diputados y donde se votó en secreto por miedo a que fueran identificados por un posible delito de rebelión. De este modo, el Gobierno comenzará a hacerse a partir de hoy con el control de la administración autonómica para llegar a las urnas en diciembre. Es posible que, al menos, ERC y la CUP llamen al boicot de estas elecciones, pero la ilegalización de Batasuna ya demostró cuánto de caro sale quedarse fuera de las instituciones, sin poder representativo y sin red presupuestaria. Habrá que ver que hace Santi Vila, el consejero de Empleo que dimitió el jueves, él puede ser el candidato de los catalanistas.

Pero tal como explicó Rajoy después de reunir a su Consejo de Ministros, vienen días muy difíciles, el Gobierno debe hacerse con el control de Cataluña y hacer frente a quienes se resistan al cumplimiento de las leyes, bien en las instituciones, bien en la calle. Por eso, una de las primeras medidas que se aprobaron anoche es la destitución del director general de los Mossos, Pere Soler, un hombre poco conocido, del que apenas se recuerdan intervenciones. El consejero de Interior, Joaquín Forn, ha sido destituido, junto al resto del 'Govern', por lo que la única persona que queda al mando de los Mossos es el mayor, Josep Lluís Trapero. Él es quien debe facilitar la asunción del control de este cuerpo de 16.000 agentes. En caso de oponerse, será destituido. El Gobierno ya tiene la capacidad legal, según el 155, para poner a otros mossos al frente de las comisarías y, si no fuese posible, lo haría con mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Buena parte del éxito de la operación de intervención depender del comportamiento de estos agentes autonómicos, ya que son los que están desplegados por todo el territorio como policía integral.

El presidente autonómico, su vicepresidente Oriol Junquera y el resto de los 13 consejeros ya no ocupan ese cargo, no tienen firma ni poder ejecutivo. Anoche, cuando se supo la decisión de Rajoy, estaban reunidos en el Palau de la Generalitat. Ahora serán cada uno de los ministros los que pasen a ocuparse de los departamentos de su ámbito. La Consejería de Exteriores de la Generalitat, que era una suerte de ministerio separatista, queda sin funciones, ya que se cerrarán las 11 embajadas que posee, menos la de Bruselas. Varias comunidades, entre ellas Andalucía, cuentan con delegaciones en la capital europea, debido a las competencias en materias propias de las autonomías, como la agricultura y la derivada de los fondos de desarrollo. También se extingue Diplocat, que era un servicio diplomático público-privado para representar el nuevo Estado en la escena internacional. También cesan de sus cargos los delegados de la Generalitat en Madrid y en Bruselas.

Para el Gobierno central, es prioritario hacerse con los Mossos, el ministro Juan Ignacio Zoido se hace cargo del cuerpo; también es fundamental el control de los fondos públicos y el del centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ejercía cierta tutela sobre Cataluña, pero en virtud de la ley de estabilidad presupuestaria, Cataluña es la comunidad que más fondos de liquidez recibe del Estado.

Hasta el miércoles pasado, Puigdemont tuvo la oportunidad de convocar elecciones para sortear el artículo 155, pero no encontró garantías suficientes para otras medidas, tales como el aseguramiento de su inmunidad y la excarcelación de los Jordis, los líderes de Omnium y de la Asamblea Nacional de Cataluña. Estuvo a punto de hacerlo, pero no se atrevió: hoy tiene el 155 y las elecciones. Puigdemont ya había declarado que él no se presentaría, y es posible que no se le permita hacerlo. La Fiscalía del Estado va a presentar el lunes una querella por rebelión contra Puigdemont, Oriol Junquera y todos sus consejeros, además de los miembros de la mesa, incluida la presidenta Carme Forcadell. No sólo se arriesgan a la prisión, el Constitucional está habilitado para inhabilitarlos porque estaban apercibidos. El secretario general y el letrado mayor del Parlamento volvieron a advertir este viernes de la ilegalidad del pleno. Sus resoluciones serán enviadas al Constitucional mediante dos vías: un recurso gubernamental y otra del PSC, al ver violados los derechos de sus parlamentarios.

Uno de los temores que guardaba el PSOE es que Puidemnont convocase unas elecciones, aunque fueran ilegales, constituyentes por ejemplo, y el Gobierno central se viese obligado a reprimir otra vez una votación. Otro 1 de octubre. Desde el punto de la imagen, hubiese sido inaceptable. Rajoy dejó frases como éstas: “Es urgente devolver las urnas a los ciudadanos”. “Son las urnas, las de verdad, las que sienten las bases de la convivencia en Cataluña”. “Serán elecciones limpias, libres y legales”.

La independencia que este viernes proclamó el Parlamento catalán no ha sido reconocida por ningún país. Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos realizaron declaraciones de apoyo a Rajoy y al restablecimiento de la normalidad constitucional. En el Parlamento Europeo y en la Comisión tampoco le prestan oídos. Sólo el primer ministro belga se salió un tanto del guión, al pedir que no se utilizase la violencia. Donde sí son vistos con buenos ojos es en Rusia, pero por el interés de este país por desestabilizar la Unión Europea y tomarse la venganza por la falta de reconocimiento de la anexión de Crimea.