El mal funcionamiento de la Hacienda local ha dejado en el aire el cobro de 176 millones. Ésta es una de las principales conclusiones de la auditoría realizada a los sistemas de información y aplicaciones informáticas que utiliza la Agencia Tributaria de Sevilla para la gestión y recaudación de los tributos de los ciudadanos y otros ingresos municipales. Entre los riesgos que aparecen reflejados en el resumen del conjunto de debilidades detectadas que provocan una disminución de la eficacia recaudatoria se encuentra esa cifra relacionada con embargos de vehículos o inmuebles que están pendientes o en ejecución desde 1989 hasta el año pasado. Muchas de estas reclamaciones de bienes ya prescribieron.

Hay más riesgos localizados en la auditoría solicitada después de que se resolvieran las deficiencias detectadas con motivo del fallo de seguridad en la página web en septiembre de 2015. En el documento se detalla que las liquidaciones con NIF erróneos (más de dos millones en la actualidad) no podrían cobrarse si llegan a la fase ejecutiva, realizándose periódicamente cruces de datos para intentar corregir la información errónea sin analizar casuísticas concretas. En el sistema de gestión tributaria y de recaudación denominado ALBA -que funciona desde el año 2000- hay un expediente en fase pendiente de embargo de vehículos desde hace siete años con un importe de 7,5 millones que pertenece a Endesa. Los técnicos aseguran que ya se encuentra resuelto, ya que se está ejecutando la deuda. La empresa auditora Deloitte apunta en su informe, al que tuvo acceso este periódico, que la falta de actualización de algunos datos en este sistema de gestión interna de la Agencia Tributaria de Sevilla que utilizan a diarios los funcionarios posibilita emitir liquidaciones incorrectas, errores en bonificaciones, así como incidencias que repercuten en que no se realicen los derechos de crédito tributario. En algunos casos no se fuerza la introducción de datos que serían necesarios para evitar la merma de ingresos o se permite grabar datos erróneos. Otra de las debilidades encontradas es que las acciones manuales en procesos asociados a calendarios de pago incrementan el riesgo de pérdidas de ingresos. Esta acusada falta de eficacia del programa para gestionar los tributos se ha traducido en una menor recaudación durante los últimos años.

La auditoría destaca que existe una posibilidad muy alta de no detectar posibles fraudes (en el caso de que existieran, algo no analizado) debido a la debilidad de los controles sobre los trabajadores. Los técnicos entienden que la buena fe de los funcionarios ha evitado malas prácticas. El ciudadano no se ha visto perjudicado. Además, no hay planes de auditoría periódicos definidos y existe falta de confiabilidad en la integridad de la información. Tras las entrevistas con los principales responsables de los departamentos de la Agencia Tributaria se detectaron que existen diferentes criterios entre los empleados municipales, lo que provoca versiones contradictorias en relación con la automatización de procesos, plazos, resultados y comprobaciones. Cada trabajador consultado para realizar el análisis del sistema manifestó que la operativa seguida se basa en su experiencia y en la gestión diaria de su departamento.

Sobre la revisión de las incidencias que se detectan en la tramitación de los expedientes, en la inspección no se ha identificado un equipo que centralice, detecte, analice, solvente y establezca controles para que no se repitan. Tampoco se han obtenido evidencias que indiquen que existan procedimientos definidos para comprobar la validez de los datos. De la revisión que realizan los funcionarios del programa ALBA sale que hay medio millón de NIF incorrectos y que, emitiendo un mismo informe, el resultado es diferente en función del día en que se ejecute. Del análisis de la seguridad destaca que las contraseñas de los responsables no han cambiado desde 2013 y algunos están incluidos en grupos de administradores que, de acuerdo a las funciones desempeñadas, no deberían tener esos perfiles asignados. Respecto a los procedimientos operativos del servicio, se concluye que no se realizan revisiones periódicas de privilegios de acceso otorgados a los usuarios; los empleados de la Hacienda local manifiestan desconocer la existencia de manuales de la aplicación; las peticiones de cambio no cuentan con una aprobación formal; y existen 127 funcionarios que pueden solicitar modificaciones en ALBA, no requiriendo aprobación por parte de los usuarios autorizados.

Deloitte propone una serie de medidas correctoras para acabar con la baja calidad del sistema, la insuficiencia de los controles y mecanismos de seguridad internos, y los problemas de eficiencia en la lucha contra la morosidad y el fraude fiscal. La más importante será la puesta en marcha de una unidad de calidad interna compuesta por personal de la Agencia Tributaria de los distintos departamentos que la componen. La intención es realizar un impulso, seguimiento y control de todas las medidas dirigidas a mejorar la definición del sistema, su eficiencia, la calidad de los datos y el control de las aplicaciones informáticas. En el plazo de dos años se deberá renovar la tecnología del programa ALBA, y profundizar en los cambios internos y organizativos para luchar contra el fraude fiscal y la morosidad. Por último, se abrirá un análisis para evaluar el origen de algunos de estos problemas detectados por la Hacienda local y los motivos por los que se han sostenido en el tiempo por los técnicos de la agencia.