La Asociación Andaluza pro Derechos Humanos de los Menores ha denunciado la retirada supuestamente irregular de un menor de 13 años por parte de la Junta de Andalucía cuando se encontraba en el instituto de Castilleja de la Cuesta, donde el menor está escolarizado.

El menor, que la Junta declaró en desamparo el 18 de septiembre de 2014, tras pasar dos años en distintos centros de acogida, vivía desde julio de 2017 con su madre, Raquel Escalante.

El pasado 27 de abril, "seis agentes de la Policía municipal y los cuerpos del GRUME sacaron al menor de su instituto" y lo trasladaron a un centro de menores de Almería, ha explicado el abogado de Escalante, José Antonio Bosh en rueda de prensa. El niño se encontraba escolarizado desde que se fugó del centro de Carmona y, hasta el momento, la Junta no había reparado en su situación.

Tras días sin tener noticias de su hijo, el pasado miércoles Escalante recibió una llamada del centro de menores en el que se encuentra informándole de que estaba ingresado en el hospital Torrecárdenas tras unos episodios de fiebre.

Aunque Escalante se trasladó al hospital, en el centro no le permitieron ver a su hijo, según ha asegurado. "No sabemos dónde está el niño, con quién está el niño, qué problema de salud ha tenido el niño, ni nada", ha añadido Bosch tras comentar que la madre no ha sido informada en ningún momento de la situación de su hijo.

Asunción Acosta, presidenta de la Asociación Andaluza pro Derechos Humanos del Menor, ha manifestado que "no se pueden llevar" al menor del centro sin que el director lo apruebe y se informe a la madre.

Por su parte, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha declarado que la Fiscalía "conoce" el caso y que contaba con todos los parabienes para intervenir.  "Son temas muy delicados, que tienen que ver con menores, pero con seguridad el expediente está ahí, la Fiscalía lo conoce. No había más remedio que intervenir y se intervino", ha destacado la consejera, quien ha apuntado que "lo importante es que finalmente se protege a los niños porque cuando esto no está claro ni definido, al final, quien sale perjudicado son los menores". 

La Junta también retiró a Escalante la custodia de sus otras dos hijas, una de nueve años y otra de uno.

La juez de familia 6 ha remitido un oficio para que se informe sobre el estado de las menores y pone en conocimiento de la Consejería de Igualdad "incidencias graves en el desarrollo del régimen de visitas" a una de las niñas, acogida con sus tíos